La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está acabando las diligencias correspondientes al registro de la sede de UGT de Asturias del pasado martes para entregárselas a la magistrada María del Carmen Blanco, que instruye el caso del presunto fraude en las ayudas de formación que recibió UGT de Asturias entre 2010 y 2014.

Fuentes de la UCO señalaron ayer que el dispositivo desplegado por la Guardia Civil el pasado martes, que incluyó el registro de la sede del sindicato en el centro de Oviedo y la detención de seis dirigentes y trabajadores de la organización "fue proporcionado" . "Había que detener a seis personas en diferentes puntos, para lo que se necesitaban al menos a tres agentes por arresto, y registrar un macroedificio, como es la sede de UGT de Asturias, que además está situado en pleno centro de Oviedo, lo que obliga a extremar el control de los accesos", apuntaron fuentes de la UCO, que calificaron de "normal" el despliegue del registro, en el que participaron un veintena de agentes.

No opina los mismo Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que ayer denunció durante su visita al stand de Asturias en Fitur "una utilización no desmesurada, lo siguiente, de medios policiales que no tienen ningún sentido". A su juicio, tal despliegue genera "una situación de indefensión" para el sindicato. "Nosotros somos los que estamos más interesados en que esto se aclare, en que vayamos cuanto antes a juicio, porque estamos convencidos de que lo hemos hecho bien y que, en todo caso, si algo hay serán asuntos de carácter administrativo", afirmó ayer Pepe Álvarez tras saludar al presidente del Principado, Javier Fernández.