Justo Rodríguez Braga: "Esto no es el 'caso Villa'; aquí nadie se ha llevado un euro"

"Caso UGT", "caso Villa". Justo Rodríguez Braga incide en que, conforme a las averiguaciones que han trascendido de la Guardia Civil y a las conductas en las que por el momento se ha centrado la instrucción judicial (delito contra la Hacienda pública en su modalidad de fraude de subvenciones y falsedad documental), el "caso UGT" no versa sobre el enriquecimiento ilícito de miembros del sindicato, sino sobre otras cosas. "Aquí nadie se ha llevado un euro", sentencia. "No estamos acusados de nada así y esto es muy importante en un sindicato de trabajadores". El exlíder ugetista marca distancias con las acusaciones que pesan sobre el exdirigente minero José Ángel Fernández Villa y los 1,4 millones de su fortuna opaca. "Esto no tiene nada que ver con el 'caso Villa', que es un posible enriquecimiento personal, un comportamiento deleznable y no asumible y que la organización ha sido la primera en condenar", expone. Formula las preguntas y las respuestas que más le interesa destacar: "¿Se ha impartido la formación y se ha gastado el dinero en ella? Sí. ¿Ha habido facturas falsas o cursos sin alumnos? No". "Y tampoco ha habido sobres" (con sobresueldos), apostilla. Añade el hecho de que, en enero de 2015, hizo pública, "sin obligación legal", su declaración de bienes: "Me desnudé para evitar sospechas sobre si tengo o no tengo". Declaraba entonces, siendo aún secretario general de UGT-Asturias, ingresos mensuales de 2.475 euros (por su jubilación en Arcelor y las dietas del sindicato) y la propiedad del 50% de dos viviendas (una en Gijón y otra en Villaviciosa) y dos fincas rústicas heredadas en Langreo.

Las facturas. La Fiscalía, que formuló denuncia contra UGT en 2015 tras una investigación iniciada un año antes a partir de las pesquisas de la Guardia Civil, atribuye al sindicato facturaciones falsas o manipuladas para hinchar gastos que se cargaban a subvenciones, como los de alquiler de los locales donde se impartían los cursos, algunos pertenecientes al propio sindicato y otros particulares. "No hay facturas falsas. hemos justificado adecuadamente todo lo que hemos hecho. Nunca se dijo 'haz esta factura ad hoc para esto o lo otro'". La UCO "fue buscando esas cosas y no encontró nada".¿Por qué existían entonces, como ha denunciado el fiscal, diferencias que llegaron a superar el medio millón de euros entre los precios de las rentas de aulas que se le cobraban a UGT y a su fundación IFES y las que se repercutían a los fondos públicos que repartía el Principado? La versión de Rodríguez Braga es la siguiente: "Es fácil de entender: nosotros alquilábamos un local, pero la formación no se da en cuatro paredes; ese local lo hay que dotar de sillas, mesas, de ordenadores en su caso...Así que si alguien que te alquila el inmueble te cobra tres mil euros tú no puedes imputar sólo tres mil euros, tienes que imputar también el equipamientos. Creo que eso les quedó bastante claro (a los investigadores), porque parece que ya no hacen mucho hincapié en ello".

El ovillo societario. UGT, tanto a nivel confederal como regional, creó sociedades mercantiles que utilizó como proveedoras para los cursos de formación, en lugar de recurrir otros externos. Esas empresas (Infastur, Localmur, Formación 2020, Edicom y otras) suministraban sistemáticamente los locales, los materiales didácticos, ordenadores...La Fiscalía y la Guardia Civil sospechan que ese ovillo societario era el instrumento para hinchar facturas. ¿Con qué fin se crearon esas empresas? Rodríguez Braga: "Cuando yo llegué (a la secretaría general) esas sociedades estaban hechas. A quien las creó le pareció que, por ejemplo para preparar congresos, papeleo, esto y lo otro, una sociedad como Edicom podía hacerlo mejor y que, trabajando a precios de mercado, si algo quedaba en esas sociedades era para quien realmente consumía sus servicios, el sindicato". "En la formación, ocurrió exactamente igual; se pensó que era mejor no impartir formación directamente por el sindicato sino a través de un instrumento (Infastur) que se dedicó a darla antes de que a nivel nacional se decidió que lo hiciera IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales, fundación de la UGT confederal)". "Se han dado todos los cursos y con todos los alumnos. No hubo queja alguna en ese sentido y los niveles de satisfacción fueron muy altos entre los participantes, como muestran los cuestionarios que rellenaban para IFES. Es importante señalar que no hay ni un caso de fraude porque se haya cobrado por cursos que no se dieron", enfatiza el también activo militante socialista.

Las nóminas. UGT-Asturias desvió dinero de las subvenciones para sostener su estructura, según la investigación. La Guardia Civil estima que, entre los años 2010 y 2014, el sindicato repercutió ilegalmente cantidades que suman al menos 845.000 euros para pagar nóminas de gran parte de su plantilla que en realidad no intervenía en la gestión u organización de los cursos, si bien el límite aplicable en cada ejercicio para enjuiciar esa conducta como fraude de subvenciones (análogo al fraude fiscal y penado con hasta cinco años de cárcel) sólo se habría alcanzado en 2014. La imputación se basa en las declaraciones ante la Guardia Civil de numerosos asalariados de UGT a los que se preguntó sobre su trabajo y su posible relación con los cursos. Rodríguez Braga discrepa de la tesis policial: "Todo es discutible y estamos dispuestos a discutirlo donde corresponda. Cuando se atiende a alguien que llama preguntando por cursos de formación o si hay que hacer papeleo u otras cosas relacionadas con la gestión de esos cursos es trabajo de gestión para la formación. Ahora bien, si usted le pregunta a un trabajador si trabajaba estrictamente para la formación es fácil que le diga que no. Una cosa es impartir la formación, lo que hacía IFES, y otra la gestión, el seguimiento y la justificación, que la hacíamos nosotros. Con una particularidad: nunca imputamos (a subvenciones) las nóminas de ningún ejecutivo, algo que hubiera sido legal, ni de los servicios jurídicos, cuando resolvían cantidad de consultas. No metimos esos gastos porque consideramos que sería más limpio y menos problemático".

La secretaria. Un ejemplo que se conoce sobre presuntas irregularidades con las nóminas corresponde al pago, con cargo a subvenciones, de salarios y cuotas a la Seguridad Social de la persona que hacía las funciones de secretaria de Justo Rodríguez Braga. Él lo justifica así: "Yo no tenía secretaria. Había una administrativa que estaba en la planta (ante su despacho, en el piso doce de la sede regional) y que hacía esas funciones, pero también más cosas. Estamos en una época en la que en casi ningún sitio hay secretarias, sino personas que hacen cantidad de funciones distintas. Uno puede trabajar desde casa, pero no por eso es amo de casa. Ella era una administrativa que hacía muchísimas más cosas que funciones de secretaria".

El aparato. La estructura administrativa y sindical de UGT-Asturias creció en consonancia con la importancia mayúscula que la ejecución de programas de actividades (formación, orientación para el empleo, inmigración...) subvencionadas tuvieron en el funcionamiento y en el presupuesto sindical. "Eran trabajos que hacíamos para la Administración y por ellos se nos pagaba. No es igual el aparato sindical, administrativo y jurídico que necesitas cuando haces sólo acción sindical que cuando tienes que atender todo lo demás, con sus cargas de trabajo. Con la estructura que teníamos, lo atendíamos todo. De ahí que cuando nos empezaron a retirar programas y formación (en el contexto de la crisis y los recortes públicos) tuvimos que rebajar la estructura, que reducir plantilla. De ahí vino el ERE. Si no, ¿para que íbamos a hacer una regulación de empleo? Las medidas fueron comprendidas por el 90% de los trabajadores, aunque lógicamente para las personas que resultaron afectadas fue un problema", responde Rodríguez Braga.

Nepotismo. Ese aumento de la estructura de UGT se nutrió en ocasiones con la incorporación como trabajadores de familiares de sindicalistas, prácticas de nepotismo que han generado controversia. "No niego que haya hijos de trabajadores y de algún ejecutivo en la plantilla de UGT, pero eso no es la norma del sindicato. Aquí entraron personas, algunas de ellas con exámenes o evaluaciones, pero es verdad que cuando hacía falta una persona para un trabajo se hablaba con el hijo de un compañero o compañera y entraba. Esto fue muy criticado y lo estamos corrigiendo", expone el ex secretario general. Y señala sobre su entorno personal: "De mi familia está mi hijo, que se incorporó (a la plantilla) antes de ser yo secretario general, y otra persona (Mónica Menéndez, investigada en la causa) que entró como ejecutiva y que antes había estado conmigo en una secretaría de Gijón. No es trabajadora, es ejecutiva". Relata también: "Si hacía falta por ejemplo un informático, pues se decía: ¿quién tiene por ahí un hijo que lo sea? Cogíamos uno y listo. Es verdad que por lo general no había exámenes o pruebas. También lo es que nosotros no somos una Administración y que ese tema no nos trajo problemas internos, pero es algo a corregir, porque la propia organización lo exige en este momento. Con los niveles de paro que hay, es exigible para nosotros y para cualquier institución que esté en la vida pública".

La denuncia. Las investigaciones sobre UGT arrancaron a partir de denuncias de trabajadores que quedaron sin empleo tras los recortes en la estructura del sindicato. La dirección o sus representantes legales hablaron en varias ocasiones de "despecho" para descalificar a los denunciantes. Justo Rodríguez Braga lo evita ahora: "Hubo una denuncia y nosotros estamos sometidos a lo que pueda estarlo cualquier organismo o empresa. Todos estamos obligados a la transparencia. Nuestra disposición ha sido de claridad y colaboración, pero creemos que es desmesurado el trato que se nos está dando, humillándonos y haciéndonos parecer culpables sin que se haya demostrado nada. Un despliegue de esa magnitud (el del pasado martes, con el registro de la sede y las detenciones) transmite la impresión de que hay algo muy, muy, muy malo. Tanta metralleta, tanta Guardia civil, cuando dentro (de la sede) hay bolígrafos, papeles y personas que están intentando resolver problemas de los trabajadores y no crearlos". "No entendemos ese despliegue, y más cuando estamos en un caso que lleva dos año en manos del juzgado". A su juicio, el operativo tampoco se justifica por el riesgo de destrucción de pruebas: "En dos años podríamos haber desaparecido hasta nosotros mismos".

Gürtel y el "Yak-42". En los minutos siguientes a su puesta en libertad, el miércoles, Rodríguez Braga habló de que no hallaba razón para el "circo" del registro y las detenciones salvo que desde instancias políticas se pretendieran "tapar" mediáticamente escándalos de alcance nacional, como "la Gürtel" o el "Yak-42". Ahora revisa esas afirmaciones: "Lo dije en un momento en que la cabeza, después de 27 horas de estar aislado allí (en el calabozo), tiende a pensar de todo, a preguntarse: ¿esto por qué? Si usted me puede preguntar y yo le puedo responder, si me puede pedir documentos y se los estoy dando, si ve que las personas y la organización están colaborando, ¿a qué viene esta actitud hostil, humillante y para el desprestigio de las personas y el sindicato? Pensemos que hay gente que lo está pasando muy mal". El sindicalista afincado en Gijón alude en otro momento al contexto político y social asociado a la crisis económica y al papel de los sindicatos en el que se desenvuelve el "caso UGT". "La desigualdad ha crecido y nosotros representamos a los trabajadores y a los parados, la gente más humilde, y por ello tenemos la obligación de ser más transparentes que nadie. En esta crisis hemos conseguido algunos logros importantes y nos hemos movilizado muchísimo, pero no hemos sido capaces de parar los despidos y el desempleo, de mejorar los salarios. Ahora estamos intentando recuperar eso y hay una resistencia muy fuerte. Siempre hemos sido incómodos y seguimos siéndolo".

El calabozo. Rodríguez Braga precisa que el trato recibido por parte de la Guardia Civil durante su detención fue "correcto, normal". "No me dejaron ducharme o tomar un café en casa, antes de llevarme a la Comandancia, pero supongo que será parte del protocolo. Aquello es lo que es, un calabozo frío y oscuro que está para lo que está y que es igual para todo el mundo. Ahora bien, ¿era obligado hacer lo que se hizo? Creo que no. La aplicación de esa medida nos condena por sí misma ante la sociedad, que tiene sentido común y piensa: cómo les van a poner quince policías con chaleco antibalas a la puerta y armados hasta los dientes si no hicieron nada. Pues no hicimos nada. Somos inocentes, mientras no se demuestre otra cosa. Y si se demuestra otra cosa, aun así estaríamos hablando de si aplicamos el 2% o el 7% y de si era por un trabajo o por otro. Creo que se les fue la mano. Vamos a dejarlo en que se les fue la mano".