Algunos de los principales ayuntamientos asturianos han recibido ya las primeras reclamaciones de devolución de contribuyentes que se vieron obligados a tributar por el impuesto local de plusvalías a pesar de haber vendido o heredado inmuebles sin que se hubiera producido incremento del valor del suelo entre la adquisición y la transmisión. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y también algunos gobiernos locales de Asturias instaron ayer al Ministerio de Hacienda a reformar con urgencia la ley que parcialmente acaba de anular el Tribunal Constitucional. Hasta que eso ocurra, confirmaron varios consistorios, se continuará liquidando el tributo conforme a la norma que la alta magistratura ha censurado.
Profesionales de la asesoría fiscal explicaron que las reclamaciones de devolución del tributo pagado en los últimos años o aquellas otras presentadas para oponerse a nuevas liquidaciones del técnicamente llamado impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana comenzaron a presentarse ya a raíz de dos sentencias anteriores del Constitucional que también anularon normas forales vascas en la medida en que, al igual que la ley estatal, propician situaciones como esta: que un contribuyente tenga que abonar un impuesto que grava la revalorización del suelo (la porción de terreno que corresponde a una vivienda, por ejemplo) incluso cuando se ha vendido un piso en pérdidas, algo frecuente tras el crack inmobiliario.
Ana Espiniella, de la firma Vaciero, explicó que hay contribuyentes (empresas y particulares) pendientes de respuesta en ayuntamientos como Oviedo y Gijón. Según sus explicaciones y también las del portal reclamador.es, las posibilidades de exigir la devolución de lo pagado dependen de la forma en que se liquidó el impuesto.
Autoliquidación. En los supuestos de autoliquidación (procedimiento en el que el propio contribuyente calcula la cuantía a pagar), el plazo para instar la devolución es de cuatro años desde que se hizo el pago. Se hace a través de un escrito de rectificación de la autoliquidación en el que se pide el reintegro de lo pagado indebidamente.
Declaración. Si el procedimiento consistió en una declaración previa del contribuyente a la que sigue una liquidación realizada por el ayuntamiento, la capacidad de maniobra es mucho más reducida, dicen los expertos. Si no se presentó recurso durante el mes siguiente a la notificación, la liquidación se considera firme y la posibilidad de acudir con éxito a los tribunales de Justicia es mucho más compleja, indicaron fuentes expertas.
En uno y otro caso, los contribuyentes tienen que acreditar que no existió incremento del valor. Los fiscalistas están aconsejando hacerlo aportando los precios que aparecen en las escrituras públicas y en ciertos casos también mediante informes periciales, que tienen un coste. Las reclamaciones ante los concejos son gratuitas, pero si acaban en pleito (a través del contencioso administrativo), los demandantes necesitan asistencia letrada de abogado y procurador.
Los especialistas están dando por hecho que los ayuntamientos no devolverán de oficio lo cobrado por plusvalías inexistentes y que es necesario tramitar la reclamación. Gobiernos locales como los de Oviedo y Avilés remarcaron ayer que, mientras no se reforme la ley, no tienen otro remedio que seguir liquidando las pluvaslías como hasta ahora. "No es posible tomar ninguna medida cautelar", dijeron fuentes del consistorio avilesino acerca de la opción de suspender el cobro de plusvalías mientras se despejan los cambios en la norma. Ruben Rosón, concejal de Hacienda de Oviedo, subrayó que el propio Tribunal Constitucional señala que los pasos debe darlos "el legislador". Rosón, como también hicieron ayer dirigentes de la FEMP, urgió al Ministerio de Hacienda a impulsar los cambios necesarios. "Los ayuntamientos no podemos hacer otra cosa que aplicar por ahora la ley vigente", dijo, y demandó también una financiación "suficiente y estable" para las corporaciones locales.
