El cerco a las centrales térmicas de carbón se estrecha. La Comisión Europea anunció ayer la apertura de una investigación "pormenorizada" para determinar si el denominado incentivo a la inversión medioambiental de España a las centrales que queman mineral se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La Comisión teme que el incentivo se haya utilizado para cumplir las obligaciones medioambientales de la UE, que eran imperativas en cualquier caso. En juego están 440 millones de euros que ya recibieron las compañías eléctricas para mantener sus térmicas -entre ellas las asturianas-, que son claves para evitar que los precios de la electricidad se disparen.
Los expedientes sobre las centrales de carbón se acumulan en Bruselas. La semana pasada, la Comisión anunció que estaba evaluando el borrador de real decreto con el que el Gobierno de España pretende regular el cierre de centrales eléctricas y frenar clausuras "precipitadas" como la de la térmica de Iberdrola en Lada. Pero al mismo tiempo, ayer se supo que la Comisión también ha puesto la lupa sobre el incentivo a la inversión medioambiental, aprobado en 2007 por el Gobierno de Zapatero para las centrales de carbón que instalaran plantas de desulfuración y que fue ampliado en 2011 para inversiones en activos que reduzcan sustancialmente las emisiones de óxidos de azufre. A cambio de recortar las emisiones, las centrales de carbón tenían derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la central durante un período de diez años. En concreto la ayuda era de 8.750 euros por megavatio instalado al año.
Según la Comisión Europea, desde 2007 catorce centrales de carbón se acogieron a este régimen y han recibido en total más de 440 millones de euros en concepto de ayudas públicas. Además está previsto que se sigan realizando pagos hasta 2020. Las ayudas han financiado buena parte de la inversión. Así, por ejemplo, teniendo en cuenta que el proyecto de la planta desulfuradora de la térmica de Lada se aprobó en 2007, esta instalación pudo recibir hasta este año, en el que ha anunciado su cierre (junto cuando se acaba la ayuda al cumplirse los diez años), más de 31,32 millones de euros a razón de 3,13 millones al año que salen de multiplicar los 8.750 euros anuales de la ayuda por los 358 megavatios de potencia instalada. Iberdrola había invertido en la planta desulfuradora de Lada 60 millones de euros
La comisaria europea Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, declaró: "Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE. Las normas sobre ayudas estatales de la UE no permiten a los Estados miembros liberar a las empresas de esta responsabilidad utilizando dinero del contribuyente. Creemos actualmente que este régimen español no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente. Por lo tanto, tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle".
Además, Vestager apuntó que España no notificó la medida a la Comisión para su evaluación con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE. La comisaria sospecha que España, con su apoyo financiero, podría vulnerar un principio largamente fundamentado de la legislación sobre ayudas estatales de la UE: que los Estados miembros no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente.
Por su parte el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital señaló ayer que las ayudas a las centrales de carbón se financian con cargo al sistema eléctrico (el recibo) y no a los presupuestos del Estado, y subrayó que cuando se crearon respetaban la regulación de la UE. Según Energía, el sistema "era respetuoso con las regulaciones" y la Comisión Europea lo conoce "desde hace años" y "nunca ha dicho nada hasta ahora". El Gobierno está dispuesto a continuar el procedimiento "para que se preserve la confianza legítima con la que se activó en su día".
