Los gobiernos reformaron en 2011 y 2013 el sistema público de pensiones y concentraron en buena medida los cambios en contener el avance del gasto, reduciendo la generosidad de las pensiones presentes y futuras. Tal es el propósito del aumento gradual de la edad de jubilación a los 67 años y la reforma del cómputo de la pensión inicial (decididos siendo presidente el socialista José Luis Rodríguez Zapatero) y de la supresión del mecanismo de revalorización que preservaba el poder adquisitivo de los pensionistas y el llamado "factor de sostenibilidad" que entrará en vigor en 2019 (ambas decisiones del Gobierno del PP con Mariano Rajoy). La Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ha analizado en los últimos meses también las opciones de aumentar los ingresos, aunque los partidos no han llegado aún a acuerdos relevantes. Con independencia de las reformas en el sistema que se puedan hacer para reforzar su financiación, España tiene, según el consenso de los expertos, otro desafío económico de gran calado que a la postre también tiene que ver con las pensiones y que supone superar un déficit histórico: conseguir aumentos significativos de la productividad (con más educación, más innovación, actividades de mayor valor añadido...) y que esos aumentos se trasladen a los salarios (empleo de más calidad) y con ello a los ingresos de la Seguridad Social.
