CC OO reclama al Gobierno que las compañías eléctricas que pretendan cerrar térmicas de carbón tengan que presentar antes planes de reconversión con actividades generadoras de empleo. Además demanda al Gobierno que compruebe que esas compañías han aplicado las mejoras tecnológicas necesarias para reducir las emisiones contempladas en los Acuerdos de París para que no utilicen criterios ambientales como justificación para el cierre cuando lo que hay son "meramente criterios de tipo empresarial". Según Damián Manzano, secretario general de Industria de CC OO de Asturias, "tras el cierre de las térmicas de carbón hay una apuesta por reactivar otras energías, por amortizar inversiones en ciclos combinados de gas".

Manzano presentó ayer el estudio "El impacto de la transición energética en Asturias" que ha elaborado el sindicato para "ponderar" lo que se está jugando la región en este proceso y fijar postura en el debate. El informe destaca que las centrales de carbón en Asturias mantienen 1.000 empleos directos y que la minería aporta otros 2.000. El 72% de la energía que se produce en Asturias proviene del carbón, que también supone la quinta parte de la generada en España. Pero además Asturias cuenta con cuatro grandes instalaciones fabriles (Arcelor, Alcoa, Azsa y Tudela Veguín) que consumen el 55% de la electricidad de la región y que acaparan el 22,4% de la tarifa de grandes consumidores en España. Estas empresas muy sensibles al precio de la luz tienen un peso "relevante" en la economía de la región, con 13.000 empleos, y "cualquier cambio en el sistema podría lastrar su competitividad", señaló Manzano, que hizo extensible el peligro al conjunto de la industria manufacturera, que consume el 66,8% de la energía de la región.

Manzano insistió en la necesidad de llevar a cabo un proceso de transición energética "justo y equitativo" valorando su impacto en un sentido "amplio". Rechazó "las políticas de compensaciones, porque ya hemos aprendido de los errores del pasado" y demandó para la minería un marco que garantice su continuidad como sector estratégico. Para las térmicas reclamó una legislación que incluya la autorización de cierre condicionada a la garantía de suministro, al precio resultante de la energía, a las consecuencias territoriales y a que se hayan aplicado las mejoras técnicas posibles para reducir emisiones. Para la industria electrointensiva demandó una reformulación de los pagos por interrumpibilidad, primando a la industria realmente electrointensiva; medidas de compensación por el CO2 y equiparación de costes con la industria del País Vasco. Y para los territorios afectados "la creación de un fondo para la transición justa" con dotaciones económicas de las administraciones y de las empresas eléctricas.

Por otro lado, el Gobierno ha autorizado un "régimen retributivo adicional" para las plantas de carbón situadas en las islas en las que se deban acometer inversiones, siempre y cuando los operadores comuniquen problemas de suministro en un plazo de cinco años. Esta excepcionalidad ya ha sido reclamada también por el gobierno de Aragón para sus térmicas.