Los asturianos habían comprado hasta ayer cerca de 1.300 coches en agosto, cantidad casi un 24% superior a la registrada en el mismo período de 2017, según información que maneja Aspa, la patronal del automóvil en la región. Es el balance provisional de un mes frenético en los concesionarios, que han reforzado sus promociones y descuentos para dar salida a centenares de vehículos nuevos antes de que, el 1 de septiembre, entre en vigor una nueva normativa sobre el control de emisiones.

El cambio supone que, desde esa fecha, todos los vehículos nuevos que se fabriquen y matriculen, sean de gasolina o diésel, deben estar homologados con arreglo a una forma de medir los consumos y las emisiones contaminantes más fiable y cercana a la realidad de la conducción. La reforma no afecta a los vehículos ya matriculados, pero sí a todos los nuevos que se comercialicen desde el día 1.

Los concesionarios se encontraron por tanto ante el reto de vender los coches que tenían en stock o tener que automatricular muchos de ellos para ofrecerlos después mediante la modalidad de "kilómetro cero". Según explicó Jesús Jardón, vicepresidente de la patronal Aspa, el buen tono de las ventas durante la última semana ha permitido liquidar buena parte de las existencias de turismos con la homologación antigua. En el canal de particulares, las matriculaciones (1.292 hasta ayer) aumentaron el 23,75% interanual, un "buen resultado" para agosto, mes de por sí generalmente movido para el sector en Asturias por la actividad de los concesionarios en la Feria Internacional de Muestras de Gijón. Si se considera también el segmento de las empresas, el aumento de las matriculaciones llegó al 35%. Este último dato incluye las adquisiciones realizadas por los propios concesionarios (automatriculaciones). Aunque estas operaciones fueron importantes (de decenas de vehículos para varias marcas), la intensidad de las ventas evitó a los concesionarios tener que afrontar automatriculaciones masivas, subrayó Jardón.

El sector activó en agosto rebajas en los precios de hasta 7.000 euros en algunos modelos, particularmente en los vehículos diésel, cuyas ventas se han frenado desde hace meses en todo el país ante la expectativa de un endurecimiento de la fiscalidad sobre el gasóleo y de las restricciones al tráfico en algunas ciudades, y también ante los anuncios del nuevo Gobierno en favor de un cercano fin del uso de esta tecnología por su impacto ambiental.