Duro Felguera no acometerá el anunciado plan de reducción de empleo en sus oficinas centrales de Gijón y Madrid mediante la negociación de un expediente de regulación colectiva (ERE) de extinción de contratos, aunque mantiene el objetivo de ajustar su plantilla en los servicios centrales, repartidos entre ambas ciudades, mediante la negociación individualizada de unos 20 a 25 despidos entre este mes y el próximo alegando causas objetivas. Así lo anunció ayer la dirección del grupo al comité de Duro Felguera, SA, la sociedad matriz del conglomerado.

Aunque Duro no lo precisó ni hizo comentarios, algunas fuentes apuntaron que el ajuste que se va llevar a cabo afectará en principio a cargos medios-altos, con salarios superiores a la media y que desempeñan funciones en las que se habrían detectado duplicidades entre la estructura orgánica en Gijón y la existente en Madrid.

El ERE de extinción de contratos -del que ahora desiste la empresa- se anunció el 28 de marzo, al inicio de la Semana Santa, pero el grupo fue posponiendo el comienzo del periodo legal de consultas con los representantes de los trabajadores y nunca llegó a iniciarse la negociación.

Aunque algunos medios periodísticos barajaron cifras de entre 400 y 600 despidos, la empresa jamás reconoció estos datos y algunos medios de la compañía las juzgaron "exageradas". De hecho, el ERE estaba limitado en su diseño inicial a un porcentaje -nunca precisado por la dirección- de la plantilla afecta a los servicios centrales (con un total de unos 500 trabajadores entre Gijón y Madrid) y eximía tanto al personal de las filiales como a los trabajadores desplazados en el extranjero. El presidente de la empresa, Acacio Rodríguez, había comentado en privado que no sería "un ERE sino un 'erín'". El comité de la sociedad matriz dijo ayer que podría haber afectado a más de 100 personas.

La materialización en agosto de la venta de dos filiales (la madrileña Núcleo de Comunicaciones y la mierense DF Raíl) supuso una reducción de empleo de cerca de 200 personas. A este ajuste se sumaron las bajas voluntarias que se produjeron en los últimos meses, con la salida de personal hacia otras empresas por la incertidumbre que pesaba sobre el futuro del grupo mientras no se resolvió la macroampliación de capital de julio y la refinanciación de la deuda por la banca acreedora. Sin estas dos medidas, ya ejecutadas, Duro estaba condenada al concurso de acreedores y probablemente a su desaparición tras 160 años.

Duro, que en 2000 rondaba los 2.000 empleos, se situó en 1.800 al cierre de 2017 y desde entonces se intensificó el ajuste hasta una cifra no precisada pero inferior a 1.500.

Existía por ello en la empresa la convicción de que no era necesario un gran recorte para ajustar costes. Los sindicatos lo juzgaron innecesario y propusieron medidas alternativas. También pesó la constatación de que si, como se pretende, el grupo -una vez ya saneado- vuelve a contratar proyectos, necesitaría reclutar personal si ahora hiciese un ajuste severo.

El comité laboral juzgó ayer la veintena de despidos anunciados de "medida menos lesiva" que la que se había anunciado con el ERE, expresó su interés en que no haya extinción de contratos y dijo que vigilará su legalidad.

El colectivo Asamblea de Trabajadores expresó su rechazo contundente y radical a cualquier despido y señaló que la negociación individual de las salidas crea indefensión a los afectados.