12 de septiembre de 2018
12.09.2018

Los cierres de térmicas, más cerca tras el veto del Congreso a una reforma legal

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos tumban la propuesta del PP, apoyada por el Gobierno asturiano, de restringir la clausura de centrales eléctricas

12.09.2018 | 02:22
Los cierres de térmicas, más cerca tras el veto del Congreso a una reforma legal

El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó ayer una iniciativa del PP para reformar la Ley Eléctrica de forma que el Gobierno central dispusiera de nuevos mecanismos para frenar la clausura de térmicas de carbón, centrales nucleares u otras instalaciones eléctricas cuando estén en juego subidas del precio de la luz o la competencia en el mercado. Los votos en contra del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos (C's), así como los del PNV y otras minorías, abortaron la tramitación de una propuesta legislativa que había sido pergeñada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el respaldo de los gobiernos autonómicos de Asturias (PSOE) y Castilla y León (PP), en respuesta a los primeros anuncios de cierres: los que en 2017 hizo Iberdrola para achatarrar las térmicas de Lada, en Asturias, y Velilla del Río Carrión, en León.

El desenlace de la votación impide la tramitación parlamentaria del citado cambio legal y en esa medida remueve los obstáculos que, en caso contrario, se encontrarían Iberdrola y el resto de las empresas propietarias al decidir los cierres. La reforma establecía la obligación de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitiera dictámenes previos para determinar si clausurar una central puede tener efectos significativamente desfavorables sobre los precios o sobre la competencia eléctrica. En la actualidad, la única condición legal es que no esté comprometida la garantía de suministro eléctrico. En base a los resultados de tales informes, el Gobierno podría en su caso denegar la autorización de cierre y forzar a la empresa a venderla o subastarla para preservar su continuidad.

El pasado mayo, el presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, pidió el apoyo de todos los partidos a la citada reforma y sugería también que negociaran algunos detalles técnicos para perfeccionarla. Ayer, en el debate del Congreso, no hubo aproximación alguna entre los principales grupos parlamentarios y la toma en consideración de la proposición de ley fue rechazada por 184 de los 322 diputados presentes. Únicamente votaron a favor los parlamentarios del PP y sus socios en el Grupo Mixto, entre ellos el diputado asturiano de Foro Isidro Martínez Oblanca. Los diputados del PSOE, Unidos Podemos y C's que pertenecen a las regiones con térmicas de carbón (Asturias, Aragón y Castilla y León, entre otras) mantuvieron la disciplina de sus grupos y votaron en contra. La única abstención correspondió a Ana Oramas, de Coalición Canaria.

El parlamentario aragonés del PP José Alberto Herrero Bono, que actuó como portavoz de su grupo -no lo hizo el exministro de Energía Álvaro Nadal, autor intelectual de la proposición de ley-, defendió la reforma "por el interés general del país". "La supresión de las centrales de carbón y de las nucleares supondría encarecer la luz más del 15% para los hogares y el 25% para las empresas", señaló el diputado. Y añadió, anticipándose a la posición del PSOE y Unidos Podemos: "La izquierda de este país va a dejar en manos de particulares decisiones sobre un servicio público como es la energía". La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, criticó horas después "el discurso divergente de los partidos que le dan la espalda a Asturias en cuanto se alejan hacia Madrid". E ironizó: "Menos mal que Pedro Sánchez está comprometido hasta las trancas con Asturias".

La extremeña María Pilar Lucio Carrasco fijó la posición del PSOE: "Esta proposición es un auténtico fiasco, un despropósito jurídico que tiene un objetivo extraparlamentario: generar confusión para ganar votos en territorios abandonados por el PP". Subrayó también que obstaculizar las decisiones de cierre por motivos distintos a la seguridad de suministro está reñido con la normativa europea e incidió en que el interés de fondo del PP es "alargar al vida de las centrales nucleares". "Nunca trataron de resolver un problema laboral, ni de medidas sociales; nosotros sí vamos a abordar una transición justa".

Unidos Podemos empezó por atacar así la iniciativa del PP: "Si la hubieramos presentado nosotros, ustedes dirían que esta es una ley venezolana", dijo el diputado Josep Vendrell, en alusión a la propuesta popular para elevar la intervención pública en el sector eléctrico. "Esto forma parte de un gran engaño. La dependencia de los combustibles fósiles encarece la luz", añadio. Y enfatizó a propósito de los motivos de la escalada de la electricidad y su relación con la retribución que las compañías obtienen por las producciones hidroeléctricas: "Ustedes han permitido que se venda agua a precio de champagne francés; cuando ahora quieren intervenir es para evitar el cierre de centrales contaminantes, como las de carbón, y peligrosas, como las nucleares".

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, apunto contra el "bipartidismo": "Lo que pagan los ciudadanos hoy en el recibo de la luz es la incompetencia de los dos grandes partidos". Y el forista Isidro Martínez Oblanca, único parlamentario asturiano en intervenir, criticó la ausencia en el debate de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y denunció: "Detrás de la política energética de Pedro Sánchez, están la pobreza y la desertización industrial".

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