Frente común de los partidos políticos asturianos y del Gobierno de Asturias y el de Galicia en defensa de la continuidad de la planta de Alcoa de Avilés. El presidente del Principado, Javier Fernández, anunció esta mañana que va a pedir a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a la de Industria, Reyes Maroto, que "actúe" ante la decisión de la multinacional americana.
"No estamos de acuerdo ni con el fondo ni con las formas de la empresa", señaló Fernández unos minutos después de que el pleno de la Junta General del Principado aprobara una declaración institucional en la que se instaba a la compañía a rectificar su decisión.
Fernández defendió con firmeza que las administraciones deben promover acciones para tratar de reconducir la situación que sería "letal" tanto para Avilés como la La Coruña. Entre ambas plantas se perderían unos 700 empleos.
También reprochó la actitud de Alcoa. Según expresó el líder del Gobierno regional, la multinacional nunca había expresado que el sistema de bonificación del que se venía beneficiando para abaratar los costes de la energía mediante las subastas de interrumpibilidad resultaran "insuficientes".
Pese a todo, el presidente llamó a "no elucubrar" sobre la posibilidad de que los criterios anunciados por el Gobierno para acelerar el proceso de transición energética y la descarbonización de la economía haya influido en la deslocalización anunciada por Alcoa.
También recordó que ese régimen de ayudas estaba vigente con el Gobierno anterior (del PP) y se mantiene con el actual. Además, recalcó que los últimos presupuestos de los populares incluían una partida de 150 millones que "debe de movilizarse" para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.
Añadió que: "A mi lo que me preocupa y en lo que debo concentrarme no es en sí en determinadas declaraciones pueden haber desincetivado a una empresa para continuar o no". Por lo que reclamó la necesidad de diseñar una fórmula estable que garantice la competitividad de las industrias electrointensivas.
Hasta ahora, lamentó, España no ha sido capaz de encontrar desde que se suprimió la llamada tarifa G-4 (de la que se beneficiaban tres compañías asentadas en Asturias, Alcoa, Azsa y Arcelor-Mittal) que podría ser considerada ayuda de Estado y cuestionada por la Unión Europea (UE).
