Unánime voz de rechazo de los grupos políticos asturianos a los planes de Alcoa de cerrar su planta de Avilés. La Junta General del Principado aprobó ayer con el voto de todos los partidos representados en el hemiciclo, y a propuesta del PP, una declaración institucional en la que exigen a la multinacional que dé marcha atrás, que revierta la clausura de la instalación, que demuestre su compromiso con Asturias, y en la que censuran su forma de actuar durante estos últimos días.

En el texto, leído por el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, se critica a la empresa por no haber avisado en "ningún momento de sus intenciones", y se insta y respalda al "Consejo de Gobierno para que, en el ejercicio de sus responsabilidades, tome todas las iniciativas necesarias ante la dirección de Alcoa para exigirle que desista de la clausura de la factoría de Avilés". El escrito añade: "El impacto de una medida tan negativa, que conllevaría la pérdida inmediata de 300 empleos directos, supondría un duro golpe para la pujanza industrial de una comarca donde la factoría está arraigada desde hace más de medio siglo".

La declaración hace también un llamamiento al Ministerio de Industria y al de Transición Ecológica, para que intervengan de "manera inmediata y urgente" para evitar este cierre. "Unas instalaciones que constituyen todo un referente mundial en cuanto a la calidad de la producción", según el texto impulsado por el Parlamento. Precisamente, la ministra de Industria, Reyes Maroto, aseguró ayer que le ha pedido a la empresa el informe económico en el que basa su propuesta para la clausura de las plantas de Avilés y La Coruña. "Primero quiero escuchar a la empresa para conocer las causas concretas y encontrar los escenarios para cambiar esa decisión y evitar los cierres", señaló.

Pero la clausura puede tener repercusiones aún más profundas. La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, planteó en el Congreso la posibilidad de "repensar" las subastas de interrumpibilidad. Alcoa, desveló, era la principal beneficiaria de este sistema de bonificación. "Sistemáticamente se llevaba el 30% de la subasta", señaló. Y añadió: "A lo mejor esto nos hace retrasar esta convocatoria para evitar una distorsión y que se puedan beneficiar las demás compañías".

Ribera también desveló que tanto ella como la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, habían tratado de ponerse en contacto con la dirección de la empresa el día antes de que ésta les comunicara sus funestas intenciones a los sindicatos, pero "no se pusieron al teléfono".

Más contundente se mostró el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, que aseguró que su organización se va a volcar con toda la fuerza y capacidad de intermediación que tengan para revertir la decisión de la multinacional. "La empresa debe de saber que no nos sirven excusas de mal pagador", aseguró. También reprochó que la multinacional no había invertido ni un solo euro en sus instalaciones de Avilés y La Coruña, dejándolas así morir poco a poco, a la vez que se fortalecía la actividad en otras plantas extranjeras en las que la mano de obra es más barata. "Los asturianos nos sentimos realmente engañados con una decisión de la empresa en la que no ha mediado negociación alguna y en la que no se han tenido en cuenta los numerosos empleos", sentenció.

La presidenta del PP, Mercedes Fernández, achacó la decisión de Alcoa al cambio de Gobierno en España. La popular defendió la política de compromiso con las industrias electrointensivas del Ejecutivo de Mariano Rajoy y aseguró que la propia plantilla asturiana de la multinacional ha valorado ese apoyo.

La eurodiputada asturiana de Podemos, Tania González, se comprometió ayer a elevar ante la Comisión Europea una pregunta sobre los planes de "deslocalización" de Alcoa, mientras que el coordinador general de IU en Asturias, Ramón Argüelles, afirmó que el anuncio de la multinacional se debe "a las políticas erróneas llevadas a cabo por el Gobierno nacional". El portavoz de Foro, Pedro Leal, llamó a la unidad política para defender la continuidad de la fábrica, y el de Ciudadanos, Nicanor García, aseguró que "estamos ante las consecuencias de la ausencia de una política energética".