Alcoa ha decidido mantener el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para sus plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña, por lo que los sindicatos con representación en el comité europeo acudirán a la Justicia holandesa, sede del comité, que en este caso es la competente, por entender que la compañía incumple la normativa europea.

Los miembros del comité europeo han analizado hoy la postura de la empresa estadounidense de aluminio en una videoconferencia, para decidir los siguientes pasos a seguir por parte de la representación sindical en defensa de ambas factorías, que suman 686 trabajadores.

El secretario general de la Sección Intercentros de CCOO en Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, ha explicado a Efe que llevarán la denuncia lo antes posible porque los sindicatos no van a aceptar que siga adelante un expediente que incumple la normativa europea, ya que el proceso de consultas y de información tendría que haber sido anterior a la toma de una decisión.

En un encuentro celebrado el pasado jueves en Madrid, el comité europeo había emplazado a la dirección a retirar el ERE dentro de un plazo que finalizaba hoy.

Según explicaron fuentes sindicales, la empresa expuso los argumentos que le llevan a plantear el cierre de las plantas de Avilés y de La Coruña, que pasan por el precio de la alúmina, la tecnología de las fábricas o el mercado chino.

Los sindicatos trataron de rebatir esos argumentos dado que existen otras fábricas en Europa como las españolas, menos eficientes, con esos mismos problemas y, sin embargo, no plantean cierres.

Unos 200 trabajadores de la factoría que Alcoa tiene en Avilés recorrieron el sábado a pie, bajo la lluvia y temperaturas invernales, los 30 kilómetros que separan la instalación industrial de Oviedo para protestar contra el anunciado cierre de la planta y pedir soluciones.

En la jornada de hoy, unas 150 personas han participado en la marcha que partió de la planta de Alcoa en el municipio de Cervo (Lugo) y terminó en la Praza da Mariña del ayuntamiento vecino de Burela, para pedir medidas que favorezcan la supervivencia de las fábricas que la multinacional tiene en Galicia -La Coruña y Cervo- y Asturias.