10 de noviembre de 2018
10.11.2018
El conflicto por el impuesto de actos jurídicos documentados

La banca no tributará por las hipotecas que conceda a los partidos y a las iglesias

El Gobierno alega que los préstamos exentos "no buscan un lucro"

10.11.2018 | 00:45
La banca no tributará por las hipotecas que conceda a los partidos y a las iglesias

La banca deberá asumir a partir de hoy el pago del impuesto de actos jurídicos que grava las hipotecas y que hasta ahora corría a cargo de los clientes. Pero no en todos los casos. La reforma exprés de la normativa conlleva también que el sector financiero estará exento de tributar por los préstamos que conceda a entidades como los partidos políticos con representación parlamentaria, la Iglesia católica y el resto de confesiones religiosas, que estaban liberadas de tributar cuando la obligación recaída en los destinatarios de los préstamos. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, defendió que existan tales exenciones porque las instituciones concernidas "no son iguales a quienes buscan un lucro".

El "Boletín Oficial del Estado" (BOE) publicó ayer el decreto aprobado el jueves por el Consejo de Ministros y que tiene el objetivo de aclarar quién debe asumir el pago del gravamen después de la fuerte polvareda levantada por el Tribunal Supremo. El Pleno del alto tribunal se pronunció hace unos días a favor de que fuera el cliente el que asumiera el coste de este impuesto, en contra de lo que habían determinado tres sentencias de mediados de octubre que apostaban por que fuera el banco.

La decisión del Supremo ha indignado a los consumidores e hipotecados, que tienen convocada para hoy mismo una manifestación en Oviedo, en la plaza Porlier, delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), y en Gijón, en la plaza del Parchís. En ambos casos la cita será a las doce y media de la mañana. La concentración viene motivada porque la sentencia del alto tribunal cierra la puerta a que los hipotecados puedan reclamar la retroactividad del impuesto. Los sindicatos UGT y CC OO se sumarán a la protesta de Oviedo ya que, mediante un comunicado conjunto, criticaron que el poder judicial "ha protagonizado un espectáculo bochornoso que contribuye a aumentar el desprestigio de la justicia en nuestro país". Y señalaron que la decisión "va en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad y a favor del sistema financiero".

El decreto publicado ayer en el BOE modifica el artículo 29 de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para establecer que en el caso de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria será el banco el que tenga que abonar esta tasa. Pero aprovechando el viaje, el Gobierno también ha realizado cambios en el artículo 45 para que el banco no tenga que hacer frente a esta tasa cuando conceda una hipoteca al Estado, las administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos. Esa exención será aplicable también a los partidos políticos con representación parlamentaria, Cruz Roja Española, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Obra Pía de los Santos Lugares, la Iglesia católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado. Tampoco la deben afrontar cuando la hipoteca sea para entidades sin fines lucro acogidas al régimen especial como, por ejemplo, fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública, ONG o federaciones deportivas.

José Luis Ábalos defendió estas exenciones al considerar que no se trata de ningún privilegio "porque tratar por igual a los que no son iguales sí que es una clara desigualdad". La exención supone que para los bancos será más barato concederles una hipoteca a estas entidades que a cualquier particular, lo que implica que podrían ofrecerles mejores condiciones.

El último retoque en la ley supone modificar el impuesto de sociedades, para eliminar la posibilidad de que los bancos deduzcan como gasto la factura del gravamen de actos jurídicos documentados cuando liquidan el tributo sobre los beneficios.

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