Las últimas estatalizaciones de empresas se produjeron en Asturias entre 1980 y 1991. El Estado daba empleo directo en la región a 54.500 personas (el 18% de los asalariados asturianos y el 18% de toda la ocupación del sector público industrial en España) cuando la UCD nacionalizó en 1980 Minas de Figaredo, que había quedado desde 1967 como un enclave privado rodeado por concesiones hulleras de la estatal Hunosa. En 1984 Aucalsa, al borde de la quiebra, fue estatalizada por el PSOE para sanearla y concluir las obras de la autopista del Huerna. El último episodio se produjo en 1991 cuando la eléctrica estatal Endesa (fundada en 1944) adquirió la cántabra Viesgo, con gran implantación en Asturias.
Desde entonces sólo hubo desinversiones: primero parciales (con la colocación en Bolsa de paquetes accionariales por el PSOE) y luego privatizaciones integrales con el PP, caso de Inespal, adquirida en 1998 por Alcoa.
El proceso de expropiación es jurídicamente complejo (como evidenciaron las sentencias de Rumasa), los Gobiernos tienden a evitarlas para no crear precedentes a las que se aferren el resto de empresas y fábricas en dificultades presentes o futuras, y habría que sortear el escrutinio de la UE sobre las ayudas de Estado.
En el caso de Rumasa en 1983 hubo intervención y expropiación, y esto -pese a la gravísima situación de insolvencia de un vasto grupo de empresas y bancos, y cuya quiebra descontrolada hubiese impactado en la estabilidad el sistema financiero- fue combatido y hostigado por la oposición conservadora durante años. Al final hubo dos sentencias favorables del Tribunal Constitucional, la primera de ellas tras un empate resuelto por el voto de calidad del presidente. Primó al final el interés nacional para preservar, según el alto tribunal, la estabilidad financiera.
El artículo 128.2 de la Constitución permite "la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general" y el 33.3 señala que la privación de la propiedad debe ser "por causa justificada de utilidad pública o interés social" y "mediante la correspondiente indemnización".
En tiempo recientes, lo más parecido a lo que se reclama para Alcoa fue la intervención en 2012 por el Gobierno italiano de la fábrica siderúrgica de Ilva en Tarento, ahora vendida a Arcelor-Mittal. Pero la causa aducida fue la necesidad de corregir el grave daño ambiental que estaba causando una factoría cuya continuidad, con 14.000 empleos, se entendía vital para la zona.
En la anunciada reapertura de la antigua planta de Alcoa en Portovesme (Cerdeña), clausurada en 2012, participan los gobiernos regional y central pero en posiciones minoritarias, al igual que Alcoa, y con la toma de control por un grupo suizo: Siders Alloy.
En el astillero La Naval, de Sestao, en situación crítica y cuyos trabajadores también demandan la vuelta al sector público, el gobierno vasco, del PNV, se ha ofrecido a suscribir el 50% pero sólo si un inversor toma la otra mitad y asume la gestión. El secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, dijo ayer en Bilbao que, aunque "no se descarta" ninguna medida para La Naval, no conviene "abrir debates tremendamente complicados" porque una intervención pública debería supeditarse a "la normativa europea".
