El día 19 se juega en Rotterdam una partida fundamental para paralizar el expediente de extinción de empleo (ERE) que pesa sobre las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña. Fuentes próximas al Gobierno sostienen que el Ministerio de Trabajo se encuentra con serias dificultades para encontrar argumentos legales suficientes que permitan paralizar en este momento los 700 despidos, de ahí que muchas miradas se centren en la vista que tendrá lugar en la ciudad holandesa donde tiene la sede el comité europeo de Alcoa, que ha recurrido a los tribunales para paralizar el proceso por incumplimiento del periodo de información y consulta. La plantilla, molesta por la negativa de la ministra Magdalena Valerio a renacionalizar la compañía ("No somos un régimen comunista", espetó el domingo a los periodistas), pide ahora la intervención del Presidente.
El comité avilesino, que está citado hoy en Madrid por la empresa para negociar los despidos, pidió ayer por escrito una reunión urgente con Pedro Sánchez. El tiempo apremia. En 18 días concluye el periodo de consultas del ERE. En 19, los alumineros pueden empezar a irse a la calle.
Así las cosas, y salvo que la multinacional retire motu propio el expediente, las esperanzas están focalizadas en un juez holandés, el encargado de dirimir el pleito cuya vista se celebrará el lunes en Rotterdam. El comité europeo, en el que están representados los trabajadores de las cinco plantas de Alcoa en el continente, denunció a la multinacional por vulneración de los derechos de información y consulta del ERE. Los sindicatos defienden que la compañía tiene que cumplir ese trámite, mientras que la multinacional argumenta que no es necesario porque su decisión solo afecta a un país. "Alcoa tiene cinco plantas en Europa y cierra dos, estamos hablando de un nivel importante de producción en Europa, una reducción de en torno al 30%. Los efectos sí que tienen dimensiones europeas", sostienen desde el sindicato internacional IndustriALL.
En esa audiencia del día 19 los sindicatos expondrán argumentos que supuestamente prueban que Alcoa Europa no ha iniciado el proceso de forma legal, y pedirán al juez que paralice el procedimiento de despido iniciado en España (el comité europeo tiene derecho a disponer de toda la información, a pedir un informe independiente para corroborar los argumentos que esgrime la compañía y emitir su opinión). Esto obligaría a Alcoa a empezar de cero. Los sindicatos vienen defendiendo que existen "defectos de forma" en el ERE que presentó la multinacional, pero Trabajo no ve "elementos de peso para paralizarlo". De ahí que crezca la presión política, tanto española como europea, "para apremiar a Alcoa a que retire directamente el expediente y que se siente con el Gobierno a negociar el futuro de las plantas". Con Alcoa o sin ella, el objetivo final es mantener la actividad fabril en las factorías de Avilés y La Coruña. Pretendientes ya los hay.
Europa también tiene herramientas para ejercer presión sobre la multinacional. "Hay un déficit importante de producción de aluminio en Europa, somos importadores netos, se consume el doble de lo que se produce. Se podrían establecer aranceles al aluminio que entra en Europa", inciden en medios sindicales. También España, añaden, puede seguir el ejemplo de Italia con la planta de Portovesme (Alcoa la abandonó, el Estado la administró temporalmente y revive ahora de la mano de la compañía suiza Siders Alloy). Los sindicatos enviarán hoy, además, sendos escritos a las comisarias de Empleo y de Industria emplazándolas a una reunión para trasladarles "en persona la situación de Alcoa en España y la negativa de la multinacional a que se pueda garantizar la actividad" con la búsqueda de compradores.
