La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) lanza una alerta tributaria general en su documento "22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias": la pérdida de pulso económico de la región y las dificultades que en ella tienen las empresas para crecer están pasando factura en los ingresos tributarios que sujetan el Estado del bienestar y agudizando la dependencia crónica que la región ya tiene de las transferencias de renta procedentes del resto del país. Y viene a decir la patronal que ese problema se agrava por una "fuga de capitales" inducida por la presión de los principales impuestos autonómicos sobre las rentas y los patrimonios altos, los de las familias empresarias. La FADE cimenta tales afirmaciones en números que se exponen y que se contrastan con otros oficiales en los siguientes puntos.
Primera brecha. "El deterioro económico que estamos sufriendo ha hecho que la caída del empleo y la pérdida de beneficios empresariales hagan que hoy se recauden 439 millones menos que hace una década (2008). La gran mayoría de ellos se debe a la reducción de los beneficios y, por tanto, de nuestra solvencia empresarial, que, inevitablemente, lleva asociada la pérdida de empleo", escriben los redactores del informe de la patronal.
Efectivamente, la recaudación de los principales impuestos estatales en Asturias está lejos de los niveles previos a la Gran Recesión. Los ingresos de la Agencia Tributaria ascendieron en la región a 2.211,8 millones de euros en 2017, el 21% menos que en 2017, tercer año consecutivo de crecimiento del producto interior bruto (PIB) y del empleo. En ese mismo tiempo, la recaudación en el conjunto de país se quedó un 3,35% por debajo del nivel de una década atrás.
La brecha está en los ingresos del IRPF, que en España ya han superado los de 2007 y en Asturias aún son el 6,1% más bajos que entonces, y sobremanera el impuesto de sociedades, el que grava los beneficios de las empresas. Las cuentas de la Agencia Tributaria sugieren que los problemas de rentabilidad de una parte relevante de las compañías asturianas, combinados con el menú de deducciones del impuesto, mantienen su recaudación (244 millones en 2017) un 64% por debajo del dinero que se obtuvo en 2007 (682).
Y no es un problema singular de Asturias, aunque en la región esté más acentuado. Los ingresos estatales por el impuesto de sociedades son aún un 48% inferiores a los de 2007, con una caída más intensa que la del beneficio contable declarado (-39% entre 2007 y 2016) que se explica en parte por la capacidad que tienen las empresas de deducir las pérdidas pasadas de los beneficios futuros y con ello de reducir, dentro de ciertos límites, las bases imponibles (la parte de las ganancias sobre las que se tributa una vez aplicados los beneficios fiscales).
El fuerte deterioro de las empresas durante la Gran Recesión y la referida posibilidad de deducir pérdidas para abaratar la factura han retenido la recuperación de los ingresos del impuesto de sociedades, pero los números dejan ver también problemas más recientes de rentabilidad en una parte de las empresas. Diez años atrás, el 51% de las sociedades mercantiles asturianas declaraba beneficios, mientras que en 2016 no pasaron del 43%. En ese mismo ejercicio, más de 15.000 empresas presentaban contablemente pérdidas por un valor total de 1.200 millones de euros. Aunque el balance tiene otra cara, la de casi 11.000 compañías cuyos beneficios agregados (3.667 millones) fueron ya en 2016 significativamente superiores a los que declaraban las casi 13.000 que ganaban dinero hace diez años (2.936 millones). Es la porción del empresariado asturiano que sí ha conseguido una recuperación más que plena.
Segunda brecha. "Resulta crítica para la economía asturiana la eliminación de la discriminación fiscal que existe actualmente respecto a otros territorios que se están convirtiendo en verdaderos nodos de atracción de actividad empresarial y concentración de patrimonio". La FADE introduce así la propuesta más controvertida de cuantas aparecen en sus "22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias": una reforma de los tributos autonómicos que la patronal justifica para acabar con las diferencias de presión fiscal respecto a otras comunidades y que de hecho supone una fuerte rebaja para los contribuyentes con rentas y patrimonios más elevados.
La FADE considera que hay situaciones conocidas, indicios estadísticos y estudios académicos que avalan la tesis de que la fiscalidad autonómica está estimulando la deslocalización de empresarios y de otros contribuyentes cualificados sobre todo hacia Madrid. La patronal, que otras veces había defendido un proceso de armonización fiscal en el conjunto del país para frenar las diferencias territoriales, pide de frente que los empresarios accedan en Asturias a un régimen tributario análogo al de la comunidad madrileña, la que, bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), desencadenó hace tres lustros el fenómeno de la competencia fiscal entre las regiones del régimen común.
La propuesta de la FADE conlleva lo siguiente: suprimir, como hizo Madrid, el impuesto de patrimonio, que pagan los 3.500 asturianos que declaran bienes valorados en más de un millón de euros (bienes que no incluyen el valor de las empresas, exentas si el contribuyente tiene una participación significativa en ellas y suponen su principal fuente de ingresos); bajar los tipos marginales máximos del IRPF al nivel de otras regiones, lo que supone reducir hasta en 4,5 puntos la tributación de los asturianos más acaudalados si también se toma como referencia Madrid; equiparar el impuesto de sucesiones al de las comunidades donde es más asequible, suprimiendo por tanto el pago para los familiares más directos con independencia de la dimensión de la herencia y del patrimonio preexistente de los herederos; por último, FADE también sugiere rebajar los tipos del impuesto de actos jurídicos documentados al nivel de la capital (0,75%, frente al 1,2 asturiano).
La organización que lidera Belarmino Feito fundamenta esa propuesta, enunciada como "Eliminación de la discriminación fiscal", en los impactos que ya está suponiendo para la generación de riqueza y empleo la deslocalización de grandes contribuyentes hacia Madrid. ¿Cuál es la dimensión de esa "fuga de capitales"? FADE hace una tentativa de medir ese fenómeno destacando que, según las estadísticas de la Agencia Tributaria sobre el impuesto de patrimonio, Asturias ha perdido en seis años 500 millones de euros de capital mobiliario, si bien esa merma comprende, además de la posible deslocalización de contribuyentes, el deterioro o extinción del valor de participaciones empresariales y de otros activos financieros durante la crisis. La patronal cita también un estudio académico, obra de los profesores Julio Laborda y Fernando Rodrigo, de la Universidad de Zaragoza, según el cual la intensidad de la deslocalización de contribuyentes de rentas altas entre 2006 y 2012 fue de las más intensas de España: el 4,6% de los ricos españoles que se mudaron de comunidad en esos años fueron asturianos, proporción que duplica el peso que la región (2%) tiene en la población y en el PIB nacional. Argumentos que no convencen en el ala izquierda de la política asturiana.