08 de diciembre de 2018
08.12.2018

La industria tendrá más rebajas en la luz a condición de que no cierre en tres años

El Gobierno lanza medidas de apoyo a las fábricas electrointensivas con una cláusula que mete presión a Alcoa para detener los despidos

07.12.2018 | 23:43

Las grandes industrias asturianas obtendrán rebajas en el precio de la luz, para preservar su competitividad, bajo condición de que no cierren y no hagan recortes drásticos de actividad y empleo durante los tres años siguientes a la concesión de las ayudas, según el paquete de medidas urgentes de apoyo al sector fabril español que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Estas nuevas políticas llegan en respuesta a la decisión de Alcoa de clausurar sus plantas de Avilés y de La Coruña y ante el riesgo, resaltado desde Asturias, de que el encarecimiento de la electricidad desencadene una nueva reconversión industrial. Alcoa está muy directamente concernida por el paso que ayer dio el Gobierno: si no da marcha atrás a los despidos en Asturias y Galicia, no entraría en un reparto de 150 millones de euros en ayudas que se decidirá en las próximas semanas.

La disminución de los costes energéticos para los llamados consumidores electrointensivos es uno de los capítulos principales de un real decreto que entrará en vigor de inmediato y en cuya elaboración han intervenido el Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica, los dos departamentos que están interviniendo en la crisis de Alcoa y a los que se han dirigido el Gobierno asturiano y los agentes sociales en demanda de medidas que abaraten la factura las grandes compañías regionales con altos consumos de electricidad. Entre ellas y principalmente, Arcelor, Azsa y Alcoa.

Esas y otras compañías españolas de perfil semejante recibirán dinero, como ya ocurre ahora, de un fondo de compensación por los costes indirectos que soportan debido a las emisiones de CO2 de las centrales de generación eléctrica; podrán acceder a los beneficios de un nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo y en algunas zonas obtendrán ventajas extra si están conectadas a redes de distribución cerradas, una figura que tiene encaje en la regulación de la Unión Europea (UE) y que se ha probado con éxito en algunos países.

"Las empresas tendrán también obligaciones", expuso la ministra de Industria, Reyes Maroto. El texto del real decreto que hoy publicará el "Boletín Oficial del Estado" determina que los beneficiarios del dinero ligado al CO2 y del Estatuto del Consumidor Electrointensivo "deberán mantener la actividad productiva durante un período de tres años, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión de las ayudas". En el mismo texto legal se entiende que esa obligación se incumplirá cuando, en ese plazo, las empresas "procedan de manera efectiva a reducir en más de un 85% su capacidad de producción" o si comunican despidos colectivos "que impliquen una reducción de más de un 85% de toda su plantilla". La redacción está hecha para evitar cierres o recortes drásticos, pero deja abierto que una industria pueda disfrutar de ventajas en la factura eléctrica aunque haga ajustes de gran alcance, siempre que no lleguen al 85% de la capacidad de fabricación y del empleo.

Maroto señaló que el decreto permitirá que las empresas "se arraiguen con el territorio" y que las ayudas concedidas tengan por objetivo "generar y mantener el empleo". Alcoa es la primera destinataria de la cláusula anticierres. La aluminera ha comunicado el despido colectivo de toda su plantilla en Avilés y La Coruña, de forma que, si no lo reconsidera, no podrá optar con esas plantas a las primeras ayudas que ayer anunció Maroto: el reparto en unas semanas de 150 millones para compensar los costes indirectos de CO2. Alcoa saludó ayer que se tomen medidas para favorecer la competitividad de la industria, pero no entró a valorar las esbozadas por la Ministra.

El texto gubernamental fija un plazo de seis meses para definir el Estatuto del Consumidor Electrointensivo y para regular la implantación de "redes de distribución cerradas", que favorecerían a las industrias conectadas a ellas en la medida en que los peajes (costes regulados del recibo) resultarían más bajos.

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