El borrador del plan diseñado por el Ministerio de Industria para abaratar el precio de la energía de las fábricas con mayores consumos -Alcoa, Arcelor, Azsa y otras en Asturias- se queda muy por debajo de la apuesta presupuestaria que piden tanto el Gobierno asturiano como las organizaciones empresariales, particularmente en el caso del fondo para compensar los llamados costes indirectos por las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas: la oferta del Ejecutivo central consiste en repartir una bolsa de 76 millones este año (dejando abierta una posibilidad de llegar a 100 millones), mientras que el Principado había pedido un esfuerzo superior a los 220 millones y más cercano al límite legal autorizado por la UE.
El pasado febrero, el Gobierno del Principado promovió una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado del equipo de Pedro Sánchez para que elevara en 100 millones, hasta los 223, el dinero consignado para compensar a la industria por los costes indirectos del CO2. Tras ser frenadas las cuentas en el Congreso, el presidente asturiano, el socialista Javier Fernández, trasladó a la ministra de Industria, Reyes Maroto, durante una visita de ésta a Oviedo el 28 de febrero, una petición para que España aproveche al máximo el citado mecanismo de apoyo al sector fabril. Funciona así: los estados reciben cada año un parte del dinero que la UE recauda con las subastas de derechos de emisión y permite a los gobiernos asignar hasta el 25% del dinero a bonificar a los sectores industriales que tienen riesgos de deslocalización por el precio de la energía. En 2018, los ingresos de España por esa vía fueron superiores a 1.100 millones, de modo que el tope legal a repartir sería de 275. Sin embargo, en el borrador del estatuto sólo aparece un compromiso firme de asignar 76 millones, poco más de un tercio de lo que pedía el Principado y muy lejos del techo normativo de la UE.
La cuantía del esfuerzo presupuestario que aparece en el borrador del estatuto de la industria electrointensiva fue ayer blanco de las críticas de las organizaciones patronales y sindicales asturianas. La ministra Maroto, sin embargo, defendió, en unas declaraciones hechas en Alicante, que el texto del Gobierno "garantiza" el mantenimiento de los 150.000 empleos que, destacó, suman las 153 empresas electrointensivas españolas.
Patronales. El presidente de la patronal FADE explicó: "Había unas expectativas que finalmente no se cumplen para alcanzar el objetivo de obtener unos costes competitivos para la industria; presupuestariamente es claramente insuficiente". Guillermo Ulacia, presidente de Femetal, abundó en la misma idea: "La primera impresión es de cierta decepción porque la propuesta no recoge, desde el punto de vista presupuestario, los objetivos de de alcanzar unos costes competitivos de la energía".
Sindicatos. El líder de la Federación de Industria de UGT, Jenaro Martínez, advirtió que el borrador "no cubre las expectativas, no equilibra los costes de la industria en relación con otros países europeos". Damián Manzano, su homólogo en CC OO, remarcó: "No hay medidas reales que vayan a mejorar la competitividad de la industria electrointensiva asturiana".
Partidos. María Teresa Mallada, candidata del PP al Principado, aseguró que el borrador "no es el que necesita la industria electrointensiva asturiana". El candidato de Ciudadanos, Juan Vázquez, dijo: "Resulta notoriamente insuficiente y se aleja de otras propuestas más ambiciosas, similares a las vigentes en otros países europeos". Pedro Leal, dirigente de Foro, acusó al Gobierno de "engañar" a la industria asturiana y poner en peligro su continuidad. Y el diputado regional de IU Ovidio Zapico, tachó de "decepcionante" el estatuto y pidió al Gobierno central que lo replantee con medidas más ambiciosas y en consonancia con lo que demanda la industria.
El borrador del estatuto se encuentra en fase de alegaciones y su texto definitivo será aprobado por el Gobierno antes de las elecciones generales del 26 de abril.
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