Las administradoras de las sociedades Infastur, Localmur y Formación 2020, las tres vinculadas a UGT, volverán a declarar hoy ante la juez que instruye el caso del presunto fraude en las subvenciones de formación del sindicato en Asturias, cuya investigación se inició hace más de tres años. La juez, a petición del fiscal, decidió que volvieran a testificar las administradoras María Jesús Ocaña y Mónica Menéndez después de recibir un informe de la Agencia Tributaria sobre la entrada y salida de los fondos de formación.
La investigación se está centrando en el entramado de sociedades ligadas a UGT que participaron en la gestión de cursos, alquiler y dotación de aulas y suministro de libros. La a Agencia Tributaria destacó que en los años investigados (2010-2014) la sociedad Infastur obtuvo 802.555 euros de la fundación IFES (vinculada a UGT) por el alquiler de dotación y equipamiento de aulas cedidas de forma gratuita al sindicato. Con respecto a Localmur -que obtuvo el 95% de sus 8.477.439 euros de ingresos a través de IFES y de la sociedad ligada a UGT Formación 2020-, el informe señaló que "no se encuentra el valor añadido que aporta con su intermediación en los contratos de alquiler (de aulas), más allá de intentar justificar costes más elevados bajo ese concepto". Y sobre Fomación 2020 la Agencia Tributaria señaló que la ratio resultados/ingresos asciende en el conjunto de los cinco años a casi el 50% "lo que supone doblar los gastos".
