La activación por vez primera por el presidente de EE UU, Donald Trump, del título tercero de la Ley Helms-Burton, que había permanecido en suspenso desde la aprobación de la norma en 1996 y que permitirá a partir de ahora que los ciudadanos que sufrieron incautaciones de bienes en Cuba por el régimen castrista puedan demandar ante los tribunales de EE UU a las compañías de cualquier país que haga negocio con bienes estatalizados por la revolución cubana a partir de 1959, ha generado una gran inquietud entre las empresas españolas implantadas en la isla y, a la inversa, una gran esperanza de resarcimiento entre quienes se consideraron expoliados y sus descendientes.
La petrolera Exxon Mobil ha presentado la primera acción judicial en un tribunal federal de Estados Unidos contra la compañía estatal Cuba-Petróleo y la empresa CIMEX por el uso de una refinería, una red de gasolineras y otros activos que le fueron incautados a la multinacional estadounidense en 1960 por el Gobierno de Fidel Castro.
En Asturias 78 familias han encomendado la reclamación de sus bienes en Cuba a la empresa barcelonesa 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, que representa a 415 dinastías españolas, en su mayor parte de la Cornisa Cantábrica, con un patrimonio confiscado que se ha evaluado, en conjunto, en 3.510 millones de dólares a su valor actual.
Este colectivo es sólo una pequeña parte de los españoles que resultaron damnificados por los decretos de incautación. La empresa 1898 calcula que existen 3.000 familias que se vieron privadas de propiedades en la isla caribeña, de las cuales un millar residen en España, otro millar en EE UU y otro tercio en América Latina, fundamentalmente en Centroamérica (Venezuela, México, Costa Rico, Puerto Rico y República Dominicana). En España, la mayor concentración de afectados se localiza en Galicia, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, País Vasco y Madrid.
El valor de las propiedades e intereses mercantiles de la colonia asturiana en Cuba se estimó en 700 millones de dólares en 1958. Esto fue antes del triunfo de la revolución castrista (enero de 1959) y de las nacionalizaciones e incautaciones decretadas por el nuevo Gobierno a partir de 1960. La valoración de las posesiones en manos de asturianos o de hijos de tales suponía el 35% del total de los bienes (2.000 millones de dólares) que controlaba la comunidad española en la isla.
Según otra estimación, la valoración de los bienes de ciudadanos estadounidenses en la mayor de las Antillas se calculaba entonces en 1.000 millones, la mitad que las posesiones españolas. Esto supondría que los bienes, propiedades, empresas y participaciones accionariales controladas por la comunidad asturiana equivaldría al 70% de todos los intereses capitalistas que residentes estadounidenses poseían en Cuba.
Otra estimación actualizada en 2008 cuantificó en 2.000 millones de dólares las reclamaciones cursadas por cubanos de origen asturiano para recuperar sus propiedades.
1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales plantea la vía de la negociación, aunque en los nueve años que lleva gestionando la recuperación de los bienes arrebatados a sus clientes o su compensación no ha encontrado receptividad en las autoridades de la isla ni en su representación diplomática en España. Su expectativa es que un futuro gobierno democrático en Cuba acceda a pactar.
"Participamos de la creencia de que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. La vía de las demandas no es la ideal. Nuestra posición se basa en la estadística. Hemos estudiado cuarenta casos históricos similares en el mundo (países del Este europeo y otros que sufrieron revoluciones o guerras) y en el 90% de ellos al final hubo reconocimiento a los afectados y resarcimiento de daños porque los países precisan inversión internacional (Cuba carece de recursos) y ésta sólo será posible si se garantiza la seguridad jurídica", explicó Jordi Cabarrocas, director general de 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales.
A juicio de Cabarrocas, la aplicación integral de la ley Helms-Burton "iba a ocurrir antes o después, y lo avisamos sin mucho éxito. Pero ha ocurrido de la manera menos previsible y nunca llegamos a pensar que fuera a coger este ritmo".
A su juicio, "esto sólo se resuelve con la reversión de los bienes o con indemnizaciones". El temor que comparten ahora muchas empresas extranjeras que operan en la isla era esperable, en su opinión, porque "están haciendo negocio con bienes incautados. Es un expolio que fue juzgado en España y sobre el que existen varias sentencias del Tribunal Supremo que reconocen el derecho a resarcir el daño de una manera u otra". "En la lista de Helms-Burton figuran 180 empresas españolas que operan con propiedades expropiadas", señaló el responsable de 1898.
Cabarrocas alerta que, tras la entrada en vigor del título tercero de la ley Helms-Burton (cuya aplicación habían suspendido hasta ahora todos los presidentes de EE UU), queda aún pendiente de activar el título cuarto, según el cual, advierte, "ecualquier persona vinculada a una empresa que esté traficando con bienes incautados y sus familiares directos no podrán entrar en territorio de EE UU".
