12 de diciembre de 2019
12.12.2019

La UE anuncia ahora 100.000 millones para zonas afectadas por la descarbonización

12.12.2019 | 01:13
Ursula von der Leyen, en el Parlamente Europeo, en Estrasburgo.

El dinero para la transición energética "justa" se multiplica. La Comisión Europea pretende movilizar 100.000 millones de euros entre 2021 y 2027 para apoyar el tránsito "irreversible" hacia una economía libre de emisiones de dióxido de carbono en las regiones comunitarias más dependientes de la producción de combustibles fósiles, como es el caso de Asturias. "Esas inversiones van a servir para las regiones que están a la zaga", señaló la nueva presidenta de la Comisión Europea (CE), la alemana Ursula von der Leyen, durante la presentación en Estrasburgo del borrador del Pacto Verde Europeo, la hoja de ruta con la que se pretende acelerar el paso hacia una economía neutra en emisiones de CO2 para 2050.

El esfuerzo financiero que requiere la conversión es titánico. La Comisión calcula que se necesitarán al menos 260.000 millones de euros adicionales al año. Sin embargo, no especifica cuál será el presupuesto específico del llamado Fondo para una Transición Justa. Las autoridades europeas se reservarán esta cifra hasta enero, pero fuentes comunitarias hablan de una horquilla de unos 7.000 y 8.000 millones a los que los Estados podrán añadir fondos de cohesión o préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). "El próximo año vamos a proponer mecanismos de transición justa en los que se combinará dinero del sector público, del privado y del BEI", garantizó Von der Leyen, que añadió que la intención es "conseguir 100.000 millones de euros" para el periodo 2021-2027, muy por encima de los 35.000 que se barajaron inicialmente. "Las regiones mineras, y otras afectadas, deben ver esa solidaridad", apuntó Frans Timmermans, vicepresidente de la CE.

La movilización de fondos para las regiones más afectadas por la descarbonización es uno de los puntos destacados del Pacto Verde Europeo con el que la Comisión quiere guiar la estrategia 'verde' del bloque. Se irá materializando en los próximos meses a través de propuestas legislativas, entre ellas la primera ley climática europea, que el Ejecutivo comunitario presentará en marzo con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a mitad de siglo. La ambición quedará patente con una revisión al alza del objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030, que actualmente está fijado en el 40%. Según consta en el Pacto Verde Europeo, la Comisión prevé establecerlo entre el 50% y el 55%, un incremento que exigirá la revisión de todas las normativas. "Un estudio de impacto determinará, antes del próximo verano, si se puede llegar al 55%", apuntó Timmermans.

Dentro de las modificaciones legislativas se incluye la reforma del sistema europeo de comercio de emisiones para encarecer el precio del CO2. El sector marítimo, hasta ahora excluido, pasará a formar parte del sistema, en el que además se reducirán los créditos gratuitos que se conceden a las aerolíneas.

El borrador del Pacto destaca que los sectores industriales -especialmente los intensivos, como el siderúrgico, el químico o el cementero- son responsables del 20 % de las emisiones de efecto invernadero en la UE mientras que solo el 12% de los materiales que utilizan provienen del reciclaje. Dos ámbitos de acción en los que quiere emplearse a fondo la Comisión, que en marzo de 2020 dará a conocer un Plan Industrial para la UE en el que la economía circular tendrá especial relevancia. No obstante, Von der Leyen ya anticipó ayer la necesidad de "un cambio en los procedimientos de producción", aunque reconoció que "si las empresas invierten en tecnologías limpias y respetan el medio ambiente, es posible que se enfrenten a una competencia desleal de aquellos que contaminan y por el ello vamos a aplicar un mecanismo de compensación con un cumplimiento pleno de las reglas de la Organización Mundial del Comercio". Es el ajuste de carbono en frontera, el arancel ambiental que demanda la industria pero que sólo se aplicará "si persisten las diferencias en los niveles de ambición" climática entre la UE y otros países industriales. El europarlamentario socialista asturiano Jonás Fernández criticó en su intervención, "por difuso", el mecanismo que plantea la Comisión: "La fuga de carbono es una realidad, hay que actuar ya con un ajuste en frontera".

El documento también anuncia iniciativas para impulsar la renovación de edificios con mayor eficiencia energética, estrategias para garantizar la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, desarrollar una agricultura más ecológica y acelerar la transición hacia una movilidad "limpia e inteligente".

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