El Gobierno regional insiste en que Asturias se encuentra en una "situación inmejorable" para acceder a la financiación dispuesta por la Unión Europea para hacer frente a la transición energética y destaca que lo más importante será conseguir "proyectos tractores" que permitan afrontar la nueva revolución tecnológica y ambiental. Con ese fin, el Consejo de Gobierno acordó ayer en Noreña la creación de un "grupo de trabajo multidisciplinar" que se encargará de estudiar el aprovechamiento de todos los recursos y mecanismos que desde la UE se van a habilitar en la próxima década para afrontar la transición ecológica y que van a movilizar más de un billón de euros.

Parte clave de ese plan es el Mecanismo de Transición Justa que movilizará 100.000 millones de euros. "No hay asignación de dinero por territorios, sino por países, y a partir de ahí habrá que competir, pero Asturias tiene capacidad, talento y necesidad de esos fondos y va a poder captar financiación", señaló Enrique Fernández, consejero de Industria, que aseguró que el grupo de trabajo comenzará su labor "en unos días" y que espera que se puedan hacer públicos proyectos que permitan "generar esperanza e ilusión". Por el momento, el Principado ya baraja medio centenar de proyectos, que en su mayoría se agrupan en torno a dos grandes ejes: la recuperación de explotaciones mineras y de los espacios de las térmicas que cierren, y la movilidad, el ahorro y la eficiencia energética. El Consejero insistió en que lo importante ahora no es si Asturias va a tener mucha o poca financiación, sino si va a ser capaz de poner en marcha proyectos con la colaboración del sector público y privado que permitan afrontar la nueva revolución tecnológica y ambiental.

Por otro lado, Fernández también destacó ayer en Noreña que es urgente la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo. La ministra de Industria, Reyes Maroto, afirmó ayer en Vitoria que el texto del decreto sobre el Estatuto ya está elaborado, aunque el Gobierno permanece a la espera de recibir "los preceptivos informes que garanticen la seguridad jurídica del documento para poder aprobarlo". La Ministra ha reiterado que la aprobación de esta normativa es una "prioridad" del Gobierno.