La ministra Ribera afirma que "no habrá" nuevos subsidios a combustibles fósiles

En este sentido, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que en la 'hoja de ruta' del nuevo Ejecutivo la fiscalidad 'verde' "cobra especial interés". Así, indicó que se lleva "meses" trabajando y revisando la fiscalidad en lo que se refiere a la figura del cambio climático y protección del medio ambiente con el objetivo de tomar decisiones en dos "direcciones". "Acometer aquellas figuras que no tienen afán recaudatorio pero que son disuasorias de comportamientos perjudiciales medioambientalmente y los incentivos fiscales que el sistema pueda coger para producir, animar e impulsar la transformación del sector productivo y caminar en la dirección a 2050 una economía neutral en carbono", dijo al respecto.

Montero subrayó que estos son "los elementos fundamentales" en lo que se refiere a la fiscalidad 'verde' y afirmó que se irán "poniendo en valor y en marcha en la medida que los expertos concluyan con la definición de cada una de las figuras".

2050 como fecha para acabar con la circulación de vehículos que emitan CO2

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica resaltó que en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que trabaja el Gobierno se "mantiene a rajatabla" lo establecido por la Unión Europea, que contempla que desde 2050 no podrán circular vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2). Ribera explicó que esta decisión se basa en un principio de neutralidad tecnológica y recordó que varios Estados miembro de la UE han remitido una carta a la Comisión Europea (CE) para adelantar este horizonte temporal.

"No queremos desvincularnos de lo que se adopte y lo que se proponga a nivel comunitario", aseguró la ministra, que señaló que todavía quedan pendientes aspectos vinculados con regulaciones relacionadas con la movilidad sostenible y con la fiscalidad con el fin de abordar la emergencia climática. Además, indicó que el texto en el que trabaja el Ejecutivo recoge una modificación que ahora contempla la obligatoriedad de que todos los municipios de más de 50.000 habitantes creen zonas de bajas emisiones.

Para lograr estos objetivos, Ribera señaló la necesidad de que se acompañe a un sector "fundamental para la economía" y a las diferentes asociaciones empresariales en esta transformación que están sufriendo, algo que se hará de forma coordinada con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Declaración de emergencia climática

Las declaraciones de la Ministra se producían tras el Consejo de Ministros celebrado hoy, en el que se ha aprobado llevar adelante el acuerdo de la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, con la que el Gobierno se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno, para luchar contra el cambio climático.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado que el Gobierno sitúa al cambio climático y la transición justa como eje transversal impulsando políticas. El objetivo de esta declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro.

La declaración supone una "respuesta" al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama "acción urgente" para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. En el marco de la declaración, el Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días del Gobierno. De este modo, se remitirá al Parlamento el proyecto de ley de cambio climático, se definirá la senda de la descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y se creará una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.

El texto del acuerdo señala que el "único camino posible" para cumplir el compromiso con el Acuerdo de París para reducir las emisiones y limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales es un obligado "cambio acelerado del modelo de desarrollo en las próximas décadas". "Esta transformación representa un gran desafío pero también ofrece importantes beneficios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos", refleja el acuerdo del Gobierno expuesto por la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Ribera considera que "este país necesita actualizar sus prioridades" e introducir medidas transversales con el clima e invertir en un "proyecto de país" con un futuro viable, para las generaciones que están por venir y para tener la posibilidad de "aprovechar" el conjunto de oportunidades que una economía con el clima representa. Tambén ha justificado la declaración de emergencia climática en la "responsabilidad" ya que es "enormemente costoso" desde el punto de vista económico y social y, en ese sentido, ha destacado el papel de las instituciones a la hora de incidir y acompañar.

Además, ha dicho que la declaración se produce en un contexto de "grandes cambios" asociados a los riesgos económicos que ya son considerados en la economía global, como pone de manifiesto el reciente informe anual de riesgos económicos del Foro de Davos. "Es fundamental que el Gobierno oriente toda su actuación para generar confianza pero con el esfuerzo de no dejar a nadie atrás", ha insistido Ribera, que asegura que las 30 medidas abordan las necesidades de los colectivos vulnerables, de los trabajadores que requerirán "nuevas cualificaciones" y de los consumidores más vulnerables.

CINCO ACCIONES PRIORITARIAS

Los cinco primeros compromisos transversales que el Gobierno pondrá en marcha en los próximos cien días incluyen remitir la Ley de Cambio Climático al Parlamento, donde se plantea un sistema 100% renovable en 2050, con vehículos cero emisiones de CO2 en esa fecha y un sistema agrario neutro de CO2 también a mitad de siglo.

En segundo lugar, se aprobará un Plan Nacional de Adaptación que permita lograr un país "más seguro y menos vulnerable" a los efectos del cambio climático. En tercer lugar, se definirá la senda de la descarbonización a largo plazo de forma ordenada hasta 2050 para no generar "problemas al sistema climático" por la acción del hombre. Y en cuarto lugar, ha anunciado que se creará en España, a inspiración de la "experiencia exitosa de Francia" una 'Asamblea Ciudadana del Cambio Climático', que aporte ideas de respuesta al cambio climático, con carácter "inclusivo, paritario y con representación de los jóvenes". La quinta acción prioritaria más urgente será la introducción de la perspectiva de clima en la transición justa para el empleo y la actividad de la economía productiva en el proceso de transformar el modelo industrial y agrario, y del sector servicios.

"Estas cinco son las que nos parecen más sintomáticas para los próximos cien días", ha resumido Ribera que ha añadido que se introducirán medidas en "todos" los sectores de actividad y líneas de actuación. "Es una oportunidad para la innovación, la generación de empleo, la mejora de la competitividad y la reducción de las brechas territoriales y de colectivos de personas. Debemos contar con una economía preparada, viable, resiliente, viable y con los referentes de la innovación para garantizar empleos de calidad, mejorar la calidad de vida en el medio rural, urbano y en el litoral", ha apostillado.

Por ello, entre otras áreas ha adelantado que se actuará en cuestiones sobre fiscalidad, finanzas sostenibles, deuda y bonos verdes y se procurará la anticipación de los colectivos vulnerables para asegurarles la capacidad de acompañamiento.