"El mayor desafío de España es disponer de un plan de transformación industrial paralelo a la transición energética; es el ser o no ser". Guillermo Ulacia, presidente de Femetal, alertó ayer, con esas palabras, de que, pese a que el Estatuto de la Industria Electrointensiva supone "un paso adelante", el país carece aún de una estrategia industrial con la ambición suficiente para afrontar el reto mayúsculo que, ante la orientación de la política europea, tiene por delante sobre todo el sector de fabricación de productos básicos (metalurgia, industria química...): eliminar de sus procesos la generación de CO2, gas causante del cambio climático.

"Requerirá un gran esfuerzo de innovación, inversiones adicionales que se están cifrando en un 70% y aumentos de costes de producto medios del 20%. La pregunta es además si vamos a tener un mercado que asuma esos costes o si habrá que competir con industrias extracomunitarias que tendrán costes ambientales, energéticos y sociales más bajos". La reflexión de Ulacia, expuesta ayer antes de un acto de Femetal, lleva entre líneas las principales demandas que está haciendo la industria: precios competitivos de la energía, apoyo e incentivos adecuados para afrontar los desarrollos tecnológicos y políticas de protección frente a los productores ajenos a Europa que están favorecidos por reglas más laxas.

"Alemania ha planteado la transición energética, pero también un plan de transformación industrial sincronizado con ella; Francia también lo tiene; aquí lo queremos pero no lo tenemos en marcha", avisó Ulacia. Y apostilló: "Queda mucho trabajo por hacer y hay que confiarlo a los expertos".

El presidente de Femetal evitó una crítica frontal al proyecto del estatuto electrointensivo. "Es un paso adelante y hay que ponerlo en marcha", dijo. Añadió, entre otras, una petición referida "las incertidumbres" que conlleva el hecho de que los fondos para abaratar la factura eléctrica (compensaciones de costes indirectos de CO2 y de cargos como el coste de las energías renovables) quedarán supeditados cada año a los Presupuestos del Estado y con ello a la negociación política. Femetal sugiere buscar una fórmula que permita dar certidumbre a las empresas en horizontes de tres o cinco años, para que puedan prever mejor sus costes y planificar las inversiones.

Ulacia destacó también que el estatuto deja fuera peticiones de la industria como la de liberar a las fábricas de pagar la parte de la factura que se destina a amortizar la deuda del sistema eléctrico (déficit tarifario acumulado en el pasado). "Esa deuda no tiene nada que ver con la industria y la estamos pagando todos", dijo.