Una de cada cuatro asalariados asturianos que se jubilan cada año lo hacen a través de las distintas formas de jubilación anticipada, retiros prematuros que el Gobierno quiere endurecer dentro de la próxima reforma de las pensiones. En principio, la modalidad que está bajo el foco es la jubilación anticipada voluntaria, posible un máximo de dos años antes de la edad legal (a partir de 63) y con una reducción de la pensión que puede llegar al 2% por cada trimestre de adelanto.
La información disponible sobre la edad a la que se jubilan los asturianos confirma que una proporción muy relevante de ellos deja la vida laboral antes de los 65 años. Según una estimación de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) elaborada a partir de datos de la Seguridad Social, en 2017 se jubilaron en el régimen general de la Seguridad Social (asalariados) 7.437 personas. De ellas, 4.253 (57,2%) lo hicieron con 65 años o más; 1.336 (17,9%), con 63 y 64 años, y 1.848 (24,9%), con menos de 63 años. En esas dos últimas categorías están incluidos quienes se acogieron a jubilaciones anticipadas, pero también los beneficiarios de jubilaciones parciales (contrato relevo), posibles con 61 años y muy numerosas hasta 2019. Si se descuentan los contratos de jubilación de parcial correspondientes a 2017, la cifra de los retiros que estrictamente corresponden a bajas anticipadas asciende a 1.881, equivalentes al 25% del total.
Sobre el papel, dentro de esos están los retiros que pueden estar concernidos por la reforma de las pensiones que estudia el Gobierno y cuyo alcance concreto no detalló el jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al comparecer en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. En principio, el Ejecutivo se plantea actuar únicamente sobre la jubilación voluntaria, no sobre la involuntaria, posible desde los 61 años cuando el trabajador ha sido despedido, tiene al menos 33 años cotizados y asume penalizaciones en el importe de la pensión algo menos gravosos que en la modalidad voluntaria. Una de las opciones frecuentes para endurecer los retiros anticipados consiste precisamente en aumentar las referidas penalizaciones para desincentivar a los retiros prematuros.
El secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, se refirió ayer a los planes de Escrivá y afirmó: "La mayoría de la gente que se jubila antes de la edad legal no lo hace por voluntad propia, sino porque se ha quedado sin empleo y no tiene posibilidades de continuar trabajando" . Álvarez añadió: "Hay que crear empleo para las personas de más de 55 años que se han quedado en paro, para no forzarles a que se jubilen anticipadamente a los 61 años".
