El principio de precaución es un criterio de acción política asumido por la Unión Europea en sus Tratados según el cual, ante un posible riesgo para la salud o el medio ambiente, se debe reaccionar rápidamente para cortar el mal incluso aunque no exista certeza científica completa sobre los riesgos. Es el principio que en teoría está detrás del activismo de la UE frente al cambio climático: no sabemos con precisión qué peligros vienen, pero existen dudas o sospechas razonables que justifican un respuesta política contundente.
Traído por analogía al caso del estatuto electrointensivo español (propuesta para rebajar la luz de la industria), no existe por ahora evidencia de que se hayan producido negociaciones bilaterales para favorecer a las empresas de Cataluña y el País Vasco en detrimento de las de Asturias y otras del Noroeste, pero el desenlace provisional lleva a la duda razonable.
Si no lo está haciendo ya, el Gobierno asturiano debería considerar que, en virtud del principio de precaución, toca intervenir con firmeza ante Madrid. Sea con la "diplomacia discreta" que preconiza el presidente Barbón o con otra, pero que dé resultado.
