La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer el inicio de un procedimiento para adjudicar en el futuro a nuevos proyectos energéticos e industriales la capacidad de evacuación de electricidad que quedará libre con los cierres de las térmicas de carbón. Tal procedimiento está pensado para favorecer la localización de potencia renovable o de otras alternativas en sustitución de las centrales. "La capacidad de acción de evacuación de los nudos que dejan liberados las centrales de carbón que cierren es un importante activo para la generación de empleo", afirmó el departamento de la también vicepresidenta cuarta del Gobierno, en referencia a lugares como Lada (Langreo) y Soto de la Barca (Tineo), donde a fines de este mes cerrarán oficialmente las centrales asturianas de Iberdrola y Naturgy.

El Consejo de Ministros ha influido esa medida dentro de un conjunto de políticas con las que Transición Ecológica pretende lanzar en los próximos meses el magno despliegue de energías renovables planificado para acelerar la descarbonización del sector eléctrico. El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo modelo de subasta de potencia basado en que las empresas pujen a la baja con ofertas de los precios de la electricidad que suministrarán al sistema, fórmula que abaratará la factura energética sobre todo gracias a la competitividad de las nuevas plantas solares y eólicas, según Ribera. La regulación abre la puerta además a que se convoquen subastas diferenciadas por tecnologías, como vienen demandando los promotores de plantas de biomasa. Según su criterio, esa asignación diferenciada puede facilitar que se materialicen proyectos de generación con biomasa que están pendientes en Asturias.

Transición Ecológica da pasos también para evitar la especulación con los permisos de plantas renovables, que ya está provocando una "burbuja". Muchos promotores -hasta el 60%, según algunas estimaciones- han presentado solicitudes de acceso a la red eléctrica con el ánimo, no de ejecutar los proyectos de energías renovables por sí mismos, sino para vender esas autorizaciones a inversores con grandes beneficios. Para frenarlo, el Gobierno exigirá a los promotores el cumplimiento de una serie de hitos en la tramitación administrativa de los proyectos que si no son alcanzados darán lugar a la pérdida del acceso a la red.