El Ministerio de Transición Ecológica ha diseñado un mecanismo llamado "reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico". Ese instrumento sustituirá desde enero del próximo año al servicio de interrumpibilidad, que durante años permitió a las grandes fábricas acceder a rebajas muy relevantes en el precio de la electricidad a cambio de prestarse a parar producción y desconectarse en caso de necesidades del sistema. Como el mecanismo anterior, el nuevo se organiza a través de una subasta, de forma que los participantes pujan por entrar en la reserva estratégica para tener a una retribución.

El departamento de la ministra Teresa Ribera ha abierto una consulta pública sobre el contenido de esa nueva regulación, sobre el que por ahora no se ha pronunciado la industria electrointensiva, principal afectada por la desaparición del servicio de interrumpibilidad y por los recortes que registró en los últimos años, ajustes que el Gobierno fundamentó en las objeciones que ponía la Unión Europea.

Si bien el sector electrointensivo asturiano no ha valorado aún la nueva norma, aspectos relevantes de su contenido pueden chocar con los intereses de empresas como ArcelorMittal o Azsa. Así, Transición Ecológica abre las subastas a nuevos tipos de participantes (ciertas instalaciones de generación o almacenamiento, además de consumidores), lo que aumenta el número de competidores. Asimismo, se anticipa que la potencia de la reserva estratégica se subastará en bloques de un megavatio, por tanto de menor dimensión que en la pujas por la interrumpibilidad, una decisión concebida para ampliar aún más el número de participantes con la entrada de empresas de menor tamaño que hasta ahora. Todo ello puede restar opciones a la grandes fábricas, como ya ocurrió cuando se eliminaron los bloques de 90 megavatios y se generalizaron los de 5 megavatios en las últimas subastas.