Acercamiento para prorrogar los ERTE y blindar la cuantía de las prestaciones de paro

El Gobierno, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT iniciaron ayer formalmente la negociación para la continuidad, más allá del 30 de septiembre, de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), vitales para contener la destrucción de empleo. Y las primeras declaraciones de unos y otros sugieren que existe cierto grado de entendimiento sobre algunos aspectos relevantes: la necesidad misma de prorrogar los ERTE, la conveniencia de que esa prórroga pueda llegar a empresas de distintos sectores y un compromiso para blindar la cuantía de las prestaciones que cobran los trabajadores afectados.

Aún existiendo esas coincidencias generales, que haya acuerdo o no dependerá del resultado de las conversaciones sobre los detalles que comenzarán el próximo lunes. Según Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, todas las partes han manifestado la convicción de que podrán alcanzar un pacto "sin agotar los tiempos de negociación de que disponemos". Esto es, el propósito es que días antes del 30 de septiembre haya concertación sobre los plazos, las empresas que podrán seguir acogiéndose a los ERTE, lo que cobrarán los trabajadores y cómo cambiarán las ayudas que reciben los empleadores.

Los sindicatos son partidarios de no poner fecha límite a los ERTE. El criterio expresado por los líderes de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, es que se mantenga el mecanismo mientras dure la crisis asociada a la pandemia. La CEOE había anticipado una petición para que la nueva prorroga llegue hasta junio. El Gobierno se ha limitado por ahora a decir que los ERTE se prorrogarán "hasta que sea necesario".

Ejecutivo y agentes sociales dieron a entender en Mallorca, donde se reunieron, que la comentada prórroga no se circunscribirá a los sectores que, como el turismo, han sufrido más con la pandemia. El compromiso de partida es "no dejar a nadie atrás", según la ministra Díaz. De ello se infiere que el Gobierno es permeable a valorar la situación particular de las empresas, sin acotar sectorialmente los ERTE.

La normativa vigente desde 2013 sobre prestaciones de desempleo determina que los parados pasen de cobrar el 70% de la base reguladora al 50% al cabo de seis meses, situación a la que se acercan los trabajadores en ERTE que desde marzo no han podido reincorporarse a sus puestos. El entendimiento más nítido que se produjo ayer fue sobre este aspecto, tras comprometerse el Gobierno a suprimir una regla conectada a la reforma laboral del PP.

El diálogo no ha entrado por ahora en el terreno de las bonificaciones a las empresas, menos generosas ya en la prórroga que vence a fines de septiembre. La CEOE y los sindicatos incidieron en que las ayudas se dirijan sobre todo a las empresas en ERTE total, aquellas que no logran reanudar la actividad por la pandemia.