El ministro de Inclusión, Jose Luis Escrivá, insistió ayer en la necesidad de "potenciar" el retraso voluntario de la jubilación para acercar la edad efectiva (ahora de 64,6 años) a la edad legal (actualmente fijada en 65 y 8 meses y que se elevará progresivamente hasta los 67 años en 2027) y desincentivar su anticipo.
Escrivá estudia incentivar el retraso del momento de la jubilación bien mediante el rediseño de las bonificiaciones que recibe quién decide alargar su vida laboral o con una estructura distinta de la compatibilidad entre el cobro de un salario y una prestación. El Ministro habló de, por un lado, "demorar la jubilación, lo que supondrá generar un sistema de incentivos que induzca a trabajar más y reformar fórmulas que permitan compatibilizar pensión y trabajo", y por otro lado "corregir elementos distorsionantes en la regulación de las jubilaciones anticipadas".
La Seguridad Social cerrará este año con un déficit equivalente al 2 % del Producto Interior Bruto (PIB), según señaló Escrivá durante su intervención en la comisión del Pacto de Toledo. Explicó que ese porcentaje refleja el descenso de ingresos por el impacto del covid-19 así como el menor denominador sobre el que se calcula, es decir un PIB inferior para este 2020. Escrivá insistió en que la pandemia "no altera el diagnóstico" que el Gobierno tenía sobre la situación del sistema de pensiones y señaló que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social "es transitorio". En un contexto de incertidumbre, animó al Pacto de Toledo, a llegar a acuerdos lo antes posible que "garanticen la suficiencia y sostenibilidad del sistema de pensiones".
