Los hogares, fuera del nuevo límite de pagos en efectivo: 1.000 euros

Los pagos en efectivo (en billetes, moneda metálica o cheques al portador) están restringidos en España a un máximo de 2.500 euros cuando se trata de operaciones en las que al menos una de las partes es una empresa o un profesional. El Gobierno de entonces, del PP, siguió así los pasos de otros países que habían legislado en la misma dirección para acotar el riesgo de transacciones económicas opacas al Fisco. En los años siguientes, los sucesivos responsables de la política tributaria abogaron por endurecer el límite y bajarlo a los 1.000 euros. Es el que se fijará a partir de que se apruebe la nueva ley antifraude, aunque exclusivamente para las operaciones realizadas por empresas y profesionales entre sí. "Habida cuenta de que la utilización de medios de pago en efectivo facilita los comportamientos defraudatorios, en aras de profundizar en la lucha contra el fraude, se disminuye el límite general de este tipo de pagos. Para minimizar los efectos colaterales en las pequeñas economías domésticas se mantiene el límite de 2.500 euros para los pagos realizados por particulares", comunicó ayer el Gobierno.

El anteproyecto que el Consejo de Ministros remite al Parlamento para su tramitación como ley incorpora también la prohibición de las amnistías fiscales. "No se volverá a perdonar a los incumplidores", dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La última amnistía tributaria se aprobó en 2012, con el PP en la Moncloa. Antes, los gobiernos socialistas de Felipe González impulsaron otras dos (1984 y 1991).

La regulación ideada por Hacienda veta también el llamado software contable de doble uso, que permite a las empresas ocultar parte de su actividad, y abre paso también a regular nuevos métodos de valoración de inmuebles, un asunto de relevancia para determinar las bases imponibles de varios impuestos y que ha generado una alta litigiosidad en los tribunales.

El blanqueo se centra en Madrid y solo roza Asturias

El blanqueo se centra en Madrid y solo roza Asturias

Madrid es el foco principal de blanqueo de capitales de España, al menos según se infiere de las alarmas comunicadas por los registros mercantiles y de la propiedad cuando observan señales de operaciones sospechosas de encubrir la regularización de dinero de procedencia ilícita. Conforme al mismo indicador, Asturias es uno de los territorios del país donde ese tipo de prácticas fraudulentas es más infrecuente.

El Centro Registral Antiblanqueo es un órgano de prevención que pertenece al Colegio de Registradores de España. Su misión principal es reforzar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativa encargadas de la prevención y persecución del blanqueo de capitales y también de la financiación del terrorismo. El citado centro recibe las alarmas que comunican los registros cuando detectan operaciones de apariencia anómala, así consideradas porque se observan indicios de alteraciones en valores de bienes o sociedades, vínculos con paraísos fiscales o el uso de medios de pago opacos.

En el primer semestre de este año, el número total de esas alertas comunicadas por los registradores españoles fue de 14.430 (10.287 de los registros mercantiles y 4.143 de los registros de la propiedad). Madrid concentró casi el 39% de esa actividad, mientras que Asturias generó 55 alarmas de blanqueo, el 0,4% del total regional, cuando la región representa el 2,2% de la población española y el 1,9% del producto interior bruto (PIB) nacional. El Principado es la segunda comunidad con menor número de alarmas, solo inferior en el caso de Navarra, según la información del Colegio de Registradores.

Para el conjunto del país, las alarmas por blanqueo se redujeron el 8% interanual en el primer semestre de 2020.