El Gobierno asturiano mostró ayer su decepción con el calendario que maneja las instituciones europeas para la puesta en marcha del llamado arancel ambiental, mecanismo para proteger a la siderurgia y a otras actividades con alta implantación en Asturias cuya entrada en vigor no está prevista antes de 2023. La industria “no puede esperar dos años”, advirtió ayer el Ejecutivo de Adrián Barbón, que, alineado con el sector fabril y con los sindicatos, viene demandando desde hace año y medio la creación del también llamado “ajuste en frontera del CO2”.
El conocido como arancel ambiental, cuyo diseño está por definir, supondrá un recargo para los productores extracomunitarios de acero, cemento y otros procesos industriales intensivos en emisiones de CO2. Su propósito es frenar el riesgo de cierres y deslocalizaciones dentro de la industria europea ante la competencia de importaciones procedentes de países donde tales actividades no están sujetas a legislaciones tan exigentes como lo es la europea sobre en relación a la generación de dióxido de carbono, principal gas responsable del cambio climático.
El reciente acuerdo presupuestario en el trílogo europeo (Parlamento, Consejo y Comisión) incorpora el compromiso de crear el ajuste en frontera, aunque confirma unos plazos, esbozados el pasado verano por Bruselas, que no satisfacen a la industria: presentación de una propuesta legislativa a mediados de 2021, elaboración de un texto definitivo durante el año siguiente y entrada en vigor en 2023.
Para entonces, según el criterio de la siderurgia, puede “ser tarde” para un sector muy penalizado en Europa por factores coyunturales (la baja demanda asociada a la crisis del covid o la depresión de los precios inducida desde hace dos años por las importaciones de países con costes más bajos) y por otros estructurales que comprometen su competitividad (exceso de capacidad mundial de fabricación, endurecimiento de la regulación ambiental o, en el caso particular de España y de Asturias, costes energéticos particularmente elevados).
El Principado expresó ayer de nuevo su sintonía con las posiciones de la industria. “El sector siderúrgico europeo y sus empresas no pueden esperar dos años para el establecimiento de una medida que ya tenía que estar en vigor hace meses como herramienta de protección de la actividad industrial”, subrayaron fuentes del Gobierno regional. Y enfatizaron: “La industria necesita medidas urgentes de protección si queremos salvaguardar la actividad y el empleo de un sector que la propia UE considera clave”.
El Gobierno asturiano ve además “una contradicción” en el hecho de que “las autoridades comunitarias promuevan una industria sostenible, ecológica, competitiva y resiliente si no adoptan las medidas necesarias para la supervivencia de las empresas protegiendo las fronteras europeas de acero o cemento procedente de países sin las mínimas exigencias ambientales”.
Jonás Fernández, eurodiputado socialista asturiano, expresó una visión distinta del acuerdo europeo sobre el ajuste en frontera del CO2. En su opinión, el pacto para diseñarlo y negociarlo entre 2021 y 2022 y aplicarlo a partir de 2023 “añade certidumbre sobre los plazos de negociación interinstitucional del impuesto”. Fernández se refiere al hecho de que, en ausencia de un acuerdo como el alcanzado esta semana, las tres autoridades concernidas, y en particular el Consejo Europeo y el Europarlamento, no tendrían “plazos tasados” para negociar el arancel, lo que podría demorarlo más. En esa medida, el eurodiputado considera que no existe realmente un retraso y que “el compromiso de las instituciones europeas con la introducción de este arancel es nítido y firme”.
