La regulación que prepara el Gobierno central para favorecer el despliegue de los nuevos fondos europeos en España (140.000 millones en subvenciones y préstamos preasignados al país) reserva un tratamiento preferente y singular para grandes proyectos que sean “ambiciosos” y tengan un “impacto transformador” en sectores estratégicos. Tales propuestas estarán amparadas por un nuevo instrumento de colaboración entre el sector público y las empresas privadas.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha diseñado cambios administrativos y nuevas estructuras institucionales con el propósito de allanar la tramitación de las iniciativas susceptibles de acceder a los fondos europeos de recuperación (“Next generation EU”). Un proyecto de real decreto en elaboración prevé crear una ventanilla única para que empresas y administraciones presenten sus proyectos, reducir burocracia y establecer mecanismos de control y seguimiento muy pegados al Gobierno central, si bien se prevé la participacion de las comunidades autónomas en la ejecución de planes a través de convenios con los ministerios concernidos.
El referido texto recoge la creación de los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), figura pensada para desarrollar, mediante alianzas entre el sector público y el privado, las propuestas de mayor enjundia. El preámbulo del real decreto en elaboración lo expone así: “Se trata de proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía, y que exigen colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen sus operaciones en nuestro país”.
Los PERTE englobarán proyectos tractores con un impacto transformador estructural
La categoría de los PERTE, se añade, “englobará proyectos tractores con un impacto transformador estructural sobre sectores estratégicos o con fases de investigación e innovación disruptivas y ambiciosas, más allá del estado de la técnica en el sector, seguidas de un primer despliegue industrial”. En apariencia, podrían encajar en ese perfil proyectos altamente innovadores vinculados a la descarbonización, como el desarrollo y fabricación del vehículo eléctrico, las tecnologías de almacenamiento de energía o los procesos para eliminar emisiones de CO2 en industrias tradicionales como la siderurgia.
El Gobierno del Principado pospuso ayer su valoración sobre el real decreto que elabora el Gobierno, hasta haberlo analizado a fondo. También lo hizo la patronal FADE, que tiene en marcha grupos de trabajo, con participación de multinacionales y otras empresas, para identificar proyectos de alcance que opten a los fondos europeos.
