Imasa, uno de los principales grupos asturianos de ingeniería y servicios industriales, ha activado la tramitación de un ajuste laboral que puede suponer el despido de hasta 110 personas y la aplicación de un nuevo expediente de regulación temporal (ERTE) para el resto de la plantilla, formada ahora por 857 personas. El impacto de la recesión económica asociada al covid-19 en los niveles de contratación es una de las causas invocadas por Imasa. Los sindicatos han advertido ya de que rechazarán recortes traumáticos de empleo. La crisis de Imasa se suma a las protagonizadas en el mismo sector por Duro Felguera y Sacyr-Fluor.
Imasa anticipó el pasado viernes a los representantes sindicales su propósito de acometer nuevos ajustes, camino del vencimiento del ERTE que la compañía tiene en vigor hasta fin de año para 462 trabajadores en Asturias. Ayer se consumó tal anuncio con el inicio del período de consultas y negociación (30 días) de un expediente de regulación de empleo (ERE) que incluye, precisó Imasa a través de un comunicado, “medidas extintivas”. “Si bien aún no se ha determinado el número de empleados afectados, se ha propuesto un número máximo de 110 empleados de los 857 que la empresa tiene en plantilla en la actualidad”, matiza Imasa en ese mismo texto.
De acuerdo con esa explicación, la cifra de 110 trabajadores, equivalente al 12,8% del total, es un punto de partida en las negociaciones y por puede variar. La documentación que Imasa ha presentado y que están examinando los servicios económicos y jurídicos de CC OO y UGT esboza varios escenarios abiertos, a partir de un análisis encargado a una asesoría externa.
La crisis del covid asoma en el argumentario de la compañía. “Las perspectivas que actualmente se tienen para el año 2021 y la coyuntura actual obligan a Imasa a abordar una serie de medidas de carácter colectivo (...), con los objetivos de reorganizar y racionalizar la organizacion y estructura actual, optimizar los recursos de la empresa y adecuar el volumen de plantilla a la carga efectiva de trabajo que se prevé en 2021 y años sucesivos”, señala Imasa.
De esa exposición se infiere que, en opinión de la dirección, la situación adversa de sus negocios y mercados puede perdurar más allá del próximo año. La industria es el cliente principal de Imasa y el covid ha impactado en las decisiones de inversión en algunas ramas productivas. Según las explicaciones transmitidas a los sindicatos, Imasa ha sufrido en estos meses cancelaciones de contratos y ha tenido dificultades para acceder a nuevos encargos. A esos problemas se habría añadido, por ejemplo, el recorte de actividad en las plantas asturianas de ArcelorMittal, donde Imasa presta servicios como empresa auxiliar.
El ERE con despidos que plantea la empresa va parejo a la tramitación de otra regulación temporal que incluye la suspensión transitoria de contratos “para aquellos períodos en los que la carga de trabajo no sea suficiente para dar plena ocupación efectiva a la plantilla durante 2021”. En principio, ese nuevo ERTE estaría vigente durante todo el próximo año. Ambas medidas alcanzan a las principales unidades de negocio de Imasa (ingeniería, montajes y fabricación), así como al personal administrativo y gerencial.
Las primeras reacciones de los sindicatos, centrados ayer en el examen de la documentación, han sido de cautela. CC OO, organización mayoritaria en el comité de empresa, y UGT sí anticiparon su rechazo a “recortes traumáticos” de plantilla y su aspiración de “minimizar” los efectos en el empleo. Ambas centrales coincidieron en demandar “un auténtico plan industrial” que preserve el futuro de Imasa. Durante el encuentro de ayer, celebrado en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), los sindicatos cuestionaron además las expectativas negativas que aduce Imasa y destacaron que las inversiones ligadas a los fondos europeos pueden crear un clima favorable para el despegue del negocio.
Las conversaciones sobre el ajuste se reanudarán el viernes. Presumiblemente, en esa fecha se conocerán detalles acerca de las condiciones que ofrecerá Imasa a los trabajadores concernidos por el ERE (alcance de las indemnizaciones por despido y otros aspectos). La dirección adelantó que trabaja con una consultora especializada en la confección de “un plan de recolocación externa de aquellos trabajadores que se vean afectados por las extinciones”.
Un grupo muy internacionalizado y que ha llegado a facturar más de 200 millones al año
Imasa, fundada por el empresario de origen zamorano Tomás Casado, es un grupo de empresas que, al igual que otras grandes ingenierías asturianas, se caracteriza por una intensa internacionalización de su negocio. La compañía tiene presencia estable con filiales en países como Chile, Colombia, México, Portugal o Marruecos. Latinoamérica es uno de los principales mercados exteriores, aunque Imasa trabaja también en lugares como Qatar, Sudáfrica o Israel. Aproximadamente, tres cuartas partes de la facturación proceden de contrato en el extranjero. De acuerdo con la última información disponible, la cifra de negocio de Imasa fue en 2018 de 204 millones de euros. En ese ejercicio, la plantilla media anual rondó las 1.400 personas, dos tercios de ellos trabajadores con contratos temporales vinculados a la duración de las obras. Imasa tiene acuerdos con los principales tecnólogos especializados en plantas energéticas e industriales y dispone también de tecnología propia. Como otras ingenierías asturianas, el grupo está altamente especializado en el diseño y construcción de instalaciones en la modalidad “llave en mano” (EPC en la jerga del sector).
Los ajustes
110 Número máximo de despidos. El ERE presentado prevé un máximo de 110 afectados por “medidas extintivas”
747 Número de afectados por un nuevo ERTE. Paralelamente, Imasa promueve un ERTE para el resto de la plantilla con vigencia durante 2021
