El juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid ha condenado a Volkswagen España a desembolsar más de 16 millones de euros entre los perjudicados por la manipulación de los motores diésel de la familia EA 189, caso conocido como “dieselgate”, al estimar que el “software” instalado camufló las condiciones de las emisiones contaminantes de los vehículos. El fallo condena también a la empresa al pago de las costas, con expresa declaración de temeridad.

En la sentencia –que la filial del grupo automovilístico alemán ya anunció que recurrirá– el magistrado estima la demanda colectiva de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pedía una indemnización por daños y perjuicios de 3.000 euros para cada uno de los consumidores afectados a los que representaba. El magistrado mantiene la indemnización pero reduce la lista de afectados representados por la OCU de los 7.542 iniciales a 5.444, al limitar la compensación a aquellos cuyos vehículos sí fueron importados y distribuidos por la demandada y presentan la incidencia en sus motores.

En 2016 la OCU había llegado a agrupar a unos 40.000 españoles que se consideraban posibles perjudicados por el trucaje de los motores de la marca alemana, de los que 1.109 se localizaban en Asturias. Otros clientes de la automovilística en la región confiaron la defensa de sus intereses a otros colectivos y abogados.

Durante el juicio, celebrado en febrero de 2020, la filial española del grupo Volkswagen se desmarcó del trucaje ya que, dada su condición de importadora de vehículos del grupo, no intervenía en el proceso de fabricación. No obstante, descartó que el “software” instalado en los coches manipulase los datos sobre emisiones contaminantes y pidió que no se comparase la situación en Europa con el “dieselgate” que surgió en 2015 en Estados Unidos. Estos argumentos fueron rechazados durante la vista por la asociación de consumidores, que aseguró que Volkswagen España actuó “en contra de la política medioambiental de ahorro y eficiencia” con la que la compañía “se ganaba la simpatía del consumidor medio” y arrebataba ventas a sus competidores. Ahora, el titular del juzgado, Carlos Nieto, considera que la instalación en estos motores de un programa informático “que ofrecía una imagen inveraz de las emisiones de gases contaminantes” es una práctica desleal.