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El Gobierno recorta la rebaja de la luz a la industria para favorecer al País Vasco

Las compensaciones por el coste del CO2 se redujeron en 30 millones para pagar un “plan renove” de máquina herramienta pedido por el PNV

Instalaciones de Arcelor en Gijón.

Las ayudas del Gobierno a la industria electrointensiva, con fuerte implantación en Asturias y siempre en riesgo de deslocalización por el diferencial de precios energéticos con sus competidores europeos, siguen menguando. Primero fue la supresión de las subastas de interrumpibilidad; después la aprobación de un estatuto del consumidor electrointensivo que no satisfizo las demandas del sector al abrir las ayudas a más empresas –sobre todo de Cataluña–, y luego el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a elevar al máximo que permite la Unión Europea (UE) las compensaciones por los costes indirectos del CO2. Con esos condicionantes, el proyecto de presupuestos generales para 2021 incluía una partida de 200 millones de euros para ayudar a la gran industria a afrontar los costes energéticos, pero las cuentas aprobadas finalmente reducen la cuantía a 170 millones al desviarse una partida de 30 millones a financiar un “plan renove” de máquina herramienta solicitado por el PNV.

Hay que tener en cuenta que cerca del 90% del sector de la máquina herramienta en España está concentrado en el País Vasco y de ahí el interés del PNV en sacar adelante un programa de ayudas que incentive el incremento de las ventas en esa actividad. En las negociaciones para aprobar los presupuestos de 2021, los nacionalistas vascos pusieron la aprobación del “plan renove” de máquina herramienta como una de las condiciones para apoyar las cuentas del gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez. Al final el “plan renove” salió adelante dotado con 50 millones y de ellos 30 se han obtenido detrayendo dinero destinado a la industria electrointensiva, sector con fuerte peso en Asturias debido a la presencia de compañías como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alu Ibérica, que se quedó con la planta de Alcoa.

El proyecto de presupuestos presentado en las Cortes incluía 91 millones de euros para financiar las medidas incluidas en el estatuto del consumidor electrointensivo y otros 109 para el programa de compensación de costes indirectos de CO2. De ese segundo epígrafe se sacaron los 30 millones para financiar el “plan renove” de máquina herramienta, por lo que las compensaciones del CO2 quedaron reducidas a 79 millones. Fue el segundo recorte a esas ayudas, puesto que anteriormente el Ministerio para la Transición Ecológica ya había decidido que el déficit del sistema eléctrico generado por la crisis del coronavirus se financiara con los ingresos obtenidos en las subastas de CO2, bolsa que nutre también las ayudas que reciben las fábricas electrointensivas.

La Unión Europea faculta a los estados miembros a destinar hasta el 25% de la recaudación de las subastas a compensar la industria intensiva en consumos eléctricos por los llamados costes indirectos de CO2 (los que van implícitos en la factura por la actividad de las centrales que consumen combustibles fósiles). El sector de la gran industria electrointensiva, con el apoyo del Gobierno de Asturias y de los agentes sociales de la región, ha demando insistentemente que las ayudas del CO2 lleguen al límite como hacen otros países europeos. En 2019 se quedó por debajo con el reparto de 172 millones, y en 2020, más aún, con 61 millones. Para este año, tras el desvío de fondos para tapar el agujero en el sistema eléctrico y financiar el “plan renove” de máquina herramienta que beneficia al País Vasco, la partida se ha quedado en 79 millones. No obstante, el Gobierno de España ha señalado que intentará aumentar el dinero destinado a la industria electrointensiva, aunque no procedería de las subastas de CO2, sino que dependería de los nuevos fondos europeos.

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