El Principado ha publicado esta mañana su estrategia para la transición energética justa de Asturias, un documento de líneas maestras en el que fija los objetivos de la descarbonización de la economía regional. Asume en el informe que esté transito del carbón a energías más verdes supondrá un impacto en los municipios en los que haya térmicas o actividad relacionada con este mineral (como Gijón), pero estima que los cambios tecnológicos necesarios para cubrir este camino ayuden a crear 6.300 empleos. Y espera que sectores como la industria o la construcción acaben por absorber el empleo que se pueda perder.

El Gobierno regional también quiere hacer una fuerte apuesta por la energía eólica. Será la que más crezca durante los próximos años. El documento estará en información pública hasta el día 28. El objetivo final es el de conseguir un recorte en las emisiones contaminantes de la región del 68% de aquí a 2030.

Se trata, según ha informado el Ejecutivo asturiano, de la primera planificación autonómica en este ámbito y la única que ha contado con el asesoramiento de la Comisión Europea y de la Plataforma de Regiones Europeas de Carbón en Transición y se asienta sobre el despliegue de las energías renovables y el impulso de las capacidades regionales, con el fin de promover una transición justa para el tejido productivo y la sociedad.

La estrategia es el resultado de los trabajos desarrollados desde septiembre de 2019 por la Mesa Regional para la Transición Energética, en la que han participado el Gobierno de Asturias, Faen, la Universidad de Oviedo, CSIC-INCAR, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), los sindicatos CCOO, SOMA-FITAG-UGT y UGT, representantes de empresas electrointensivas y energéticas, el Club de la Energía y entidades representativas de los sectores implicados.

Esta hoja de ruta se incardina en el mapa regional de estrategias de especialización inteligente (S3), el documento habilitante para la recepción de fondos europeos, y también en el Plan Nacional de Transición Justa, que habilita a su vez para optar al Fondo en el que ya se está trabajando con el Gobierno de España.

Alineado con los compromisos de reducción progresiva de emisiones contaminantes para alcanzar la neutralidad climática en 2050 en la Unión Europea, el texto plantea un horizonte temporal a 2030 para abordar desde Asturias un modelo energético alternativo al basado en el carbón y buscar opciones a partir de las fortalezas regionales.

Así, uno de los objetivos estratégicos se orienta a descarbonizar el modelo energético regional, a través de dos orientaciones prioritarias como son el impulso de un nuevo modelo de suministro energético basado en las energías renovables y la diversificación tecnológica y la promoción de un nuevo sistema de consumo energético basado en la eficiencia y la electrificación.

Además, persigue desarrollar la competitividad de las capacidades de Asturias para promover una transición justa que fortalezca el tejido industrial aprovechando todas las potencialidades de la cadena de valor productiva e industrial, que suponga un impulso de nuevas actividades como el hidrógeno, las energías marinas eólica y terrestre o la movilidad sostenible, y que promueva un ecosistema de generación del conocimiento y estimule la actividad económica.

Este objetivo busca además, según el Gobierno, que esa transición genere empleo, reduzca las desigualdades y apoye a las personas más afectadas por la transformación del sector energético.

A partir de las recomendaciones de la Comisión Mixta para la Evaluación del Impacto de la Transición Energética en Asturias y del análisis de posibilidades, la estrategia plantea el desarrollo de 16 líneas estratégicas y 63 medidas de actuación entre las que figuran impulsar el aprovechamiento de energías renovables marinas y promover la puesta en marcha de proyectos de aprovechamiento de biomasa sostenible y de alto valor añadido.

Además, aboga por identificar el potencial de puntos de generación y aprovechamiento de calores industriales, optimizar el aprovechamiento hidroeléctrico de la región, potenciar la renovación de las redes eléctricas y promover la puesta en marcha de proyectos demostrativos para la producción y almacenamiento de hidrógeno renovable o de bajas emisiones de carbono.

El documento contempla también el desarrollo de una infraestructura básica de suministro de puntos de recarga de vehículo eléctrico y de combustibles alternativos en el transporte; el impulso a la puesta en servicio de la planta de gas de El Musel con nuevos vectores energéticos y usos, entre ellos el hidrógeno así como a la minería sostenible asociada a la nueva necesidad de materias primas debido a la transición energética.