Un acuerdo “in extremis” alcanzado ayer por la tarde entre Gobierno, patronal y sindicatos permitirá que el consejo de ministros extraordinario convocado para hoy pueda aprobar la quinta extensión de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) y de los ceses de actividad extraordinarios de los autónomos con consenso social, al igual que ocurrió en las anteriores ocasiones. El acuerdo afecta en Asturias a un colectivo que a 30 de abril sumaba 12.000 empleados por cuenta ajena y casi 11.000 por cuenta propia.
El acuerdo sobre los ERTE, que seguirán vigentes hasta el 30 de septiembre, fue posible con una solución salomónica: el Gobierno sigue adelante con su decisión de primar las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social para el personal regulado que se reincorpore a la actividad –con lo que se pretende estimular la vuelta al trabajo– pero accede a las demandas de la patronal y también mejora respecto a su planteamiento inicial las exoneraciones de las cotizaciones en los casos de permanencia en el ERTE.
Para los ERTE por limitación de la actividad por decisión gubernamental, las bonificaciones serán del 85% en junio y julio y del 75% en agosto y septiembre para empresas de menos de 50 trabajadores, y del 75% en junio y julio y del 65% en agosto y septiembre para las de más de ese volumen de empleo. Para los ERTE de impedimento (actividades que deben de cesar por orden gubernativa), las exoneraciones serán del 100% para empresas de más de 50 empleados y del 90% para las de 50 o menos.
En los llamados sectores ultraprotegidos, a las empresas de menos de 50 empleados se les eximirá entre junio y septiembre el 95% de las cuotas a la Seguridad Social de los empleados que abandonen el ERTE para retornar a su ocupación, y el 85% hasta agosto y el 70% en septiembre para los que persistan en él. A las empresas con una cifra de empleo superior se les condonará el 85% entre junio y septiembre para los empleados que salgan del ERTE mientras que para los que se queden no se les cobrará el 75% entre junio y agosto, y el 60% en septiembre.
En el caso de los autónomos, se mantienen las condiciones económicas: la prestación por cese de actividad será a partir del próximo martes del 70% de la base y del 50% en caso de pluriactividad. Se mantiene la obligación de seguir cotizando, aunque el importe de la cuota la abonará la Mutua. Para acceder al cese se exige una reducción de ingresos del 50% entre el segundo y el tercer trimestre respecto al mismo periodo de 2019, entre otras condiciones.
El Gobierno buscó el acuerdo pero estaba dispuesto a aprobar la ampliación de los ERTE aunque no hubiese pacto. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, dijo que el acuerdo era deseable pero que no era un fin en sí. Por la tarde se felicitó del pacto.
El entendimiento fue posible pese a las diferencias manifestadas por la mañana. Escrivá señaló que la recuperación del empleo está yendo más lenta que la de la actividad y que esto aconsejaba incentivar el regreso de los trabajadores en ERTE a sus ocupaciones. Y afeó a CEOE que no apoyara esos incentivos cuando sí los pactó en el verano de 2020, y ello pese a que la propuesta para este año era más generosa que entonces para todos los supuestos. Antonio Garamendi (CEOE) dijo que el Gobierno quería “imponer” y Gerardo Cuerva (Cepyme) afirmó que el ejecutivo estaba confundiendo “reapertura con recuperación” y que “las empresas aún están sufriendo mucho”. Cepyme también se sumó al acuerdo.
CC OO calificó el consenso de “magnífica noticia” pero opinó que “hay que ser muy cuidadosos con los recursos de la Seguridad Social” y que “no eran necesarias exoneraciones tan altas”. UGT también se congratuló aunque hubiese preferido “un menor consumo de fondos públicos” y una estructura “más equilibrada” de exoneraciones.
El comercio estalla contra la limitación a 1.000 euros para el pago en efectivo: “Es inoportuna”
P. Castaño
Las principales asociaciones del sector del comercio elevaron el tono de sus quejas acerca de la ley contra el fraude fiscal aprobada el martes en el Congreso ya que finalmente incluye la limitación del uso de efectivo a 1.000 euros. En los borradores de la ley la limitación se restringía a los pagos entre empresarios y autónomos, pero una enmienda del Grupo Socialista endureció el articulado de la ley y la limitación de los 1.000 euros se ha extendido a los particulares.
El director general de la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), Javier Millán-Astray, mostró ayer una “enorme preocupación” por la aprobación de esta limitación al pago en metálico y la calificó como una medida “inoportuna” y “negativa para la recuperación”. El directivo subrayó que el Gobierno “debería centrarse en medidas para favorecer el consumo y no en otras, como esta, que ponen palos en las ruedas de la dinamización del sector”.
El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), Eduardo Zamácola, reconoció su “sorpresa” por la aprobación de esta ley en la Comisión de Hacienda del Congreso ya que, según detalló, algunos partidos políticos cambiaron el signo de su voto “por razones ideológicas”. Zamácola comentó que el sector “obtuvo la empatía y el apoyo” en reuniones previas de algunos partidos que, a la hora de la votación en el Congreso, “cambiaron su posición”. “La medida no va a rebajar el fraude fiscal y frenará el consumo”, ha aseverado Zamácola, quien ha puesto el caso de Francia como único país europeo en donde está vigente el mismo límite para los pagos en efectivo.
El portavoz de la Confederación Española del Comercio (CEC), Carlos Moreno-Figueroa, señaló que, solo en el ámbito de los electrodomésticos, más de un tercio de los usuarios paga en efectivo y muchos compradores no usan tarjeta.
