El consejero de Industria, Enrique Fernández, confesó ayer estar preocupado porque haya grandes empresas asturianas tractoras que puedan “quedarse por el camino” por culpa de la elevada factura de la luz, que está otra vez por las nubes. Los costes eléctricos alcanzaron ayer su segundo precio más alto de la historia. El megavatio hora se pagaba a 106,27 euros. Ante ese escenario, el Gobierno regional exigió a Madrid medidas urgentes para intentar proteger a la industria electrointensiva de la región. Esencialmente, a Asturiana de Zinc (Azsa), ArcelorMittal y a las cementeras. Fernández señaló que “el de la luz es un problema serio, que nos preocupa seriamente”.
El horizonte más a medio plazo de los precios de la luz parece más o menos despejado. El consejero señala que para 2024 ya se están produciendo subastas de renovables que apuntan a que los precios van a bajar de forma considerable, acercándose a lo que se paga en los países del entorno como Francia o Alemania. “Para esa fecha estamos hablando de precios que oscilarán en los 20 euros por megavatio”, indicó. Ochenta euros menos de los que se abonan ahora. El problema es llegar hasta ahí. Es decir, que en los tres próximos años el coste energético continuará siendo bastante elevado. “Nos preocupan los precios en lo que queda de 2021, 2022 y 2023, y no queremos que ninguna gran empresa tractora se nos quede por el camino”, indicó. “Lo que estamos pidiendo es que se habiliten mecanismos que permitan elevar al máximo las compensaciones por los costes del CO2, y que se garanticen durante los próximos dos años”, añadió.
También valoró muy positivamente los acuerdos que las grandes empresas ya están alcanzando con las eléctricas para dar una mayor estabilidad a los precios. Se refería al acuerdo que Asturiana de Zinc firmó hace unos días con EDP para la compra de energía de los parques eólicos que tiene la compañía energética. “Vemos con buenos ojos que el mercado dé pasos en esa línea, porque son acuerdos entre empresas altamente consumidoras y compañías generadoras de energía renovable para fijar unos precios que sean estables, que garanticen la viabilidad de la actividad empresarial a medio y largo plazo y que les evite sobresaltos como los que se producen en el mercado de la luz”, señaló Fernández.
Por otra parte, el Consejo de ministros aprobó el proyecto de ley que recorta los beneficios extra que recibían las centrales eléctricas, principalmente, hidráulicas y nucleares, por el alza de los precios del dióxido de carbono. El texto se envía ahora al Congreso, pero con algunas modificaciones, tras las alegaciones de las compañías y la revisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado.
