La negociación de la reforma laboral está “avanzando a buen ritmo” en la mesa del diálogo social, desveló ayer en Oviedo la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su intervención en la Escuela de Verano “Manuel Fernández Lito”, de UGT Asturias. La ministra reiteró el compromiso asumido con la Comisión Europea para que la reforma laboral esté lista antes del 31 de diciembre, salvo la modificación de la ley del Empleo, que quedará “por su complejidad” para el primer trimestre de 2020. “Si no cumpliera, todos sabéis qué es lo que tendría que hacer”, señaló en una implícita referencia a su dimisión en ese supuesto.
La titular de Trabajo aseguró que va a “agotar la negociación” para intentar llegar a un acuerdo con los agentes sociales sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) este año con efectos retroactivos al pasado día 1. Ayer no hubo avances tras dos horas de diálogo entre el ejecutivo, los sindicatos y la patronal. El presidente del Gobierno ya se comprometió a subirlo este año aunque no haya pacto y ayer Díaz enfatizó que “se va a cumplir el acuerdo” entre los dos partidos del Gobierno para que el SMI alcance en 2023 el 60% del salario medio, según la recomendación de la Carta Social Europea, lo que supondrá pasar de los 950 euros actuales a 1.060. “Lo ha dicho el presidente del Gobierno y lo digo yo”.
Díaz no desveló importes para 2021 (“No debe indicar ninguna cuantía porque tengo que primar el acuerdo sobre todas las cosas porque el pacto da legitimidad”) pero se sabe que el Gobierno se mueve en una banda entre los 12 y 19 euros mensuales de subida como propuesta inicial, los sindicatos reclaman en principio entre 25 y 30, y la patronal se opone a que se actualice mientras no esté asentada la recuperación. “No nos rendimos y buscaremos el acuerdo hasta el final. Vamos a apurar la negociación para que el acuerda sea –ojalá– posible”, afirmó.
La subida del salario mínimo contó con el respaldo del presidente asturiano, Adrián Barbón (“Es una cuestión de justicia social” y “cuanto antes suba, mejor”); el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y el secretario general confederal de UGT, Pepe Álvarez.
La vicepresidenta segunda defendió la revisión del SMI porque “no hay herramientas más eficaz para combatir la pobreza laboral” y “porque no hay ningún dato empírico que indique que su aumento destruya empleo”. “Yo negocié desde la oposición en 2019 la subida del 22,9% que se aprobó con la ministra Magdalena Valerio y el empleo creció ese año en 400.000 personas”. El último informe del Banco de España sobre el efecto de incrementar el SMI “no dice que se destruya empleo”, argumentó, “sino que cuantifica cuánto podría dejar de crearse, y es una cifra ínfima”, sostuvo. Díaz destacó que la autoridad bancaria haya reconocido en ese informe, por vez primera, los efectos beneficiosos que tiene la revisión de SMI.
En su criterio, lejos de esperar a que esté asentada la recuperación, “la subida del SMI es lo primero que hay que subir cuando peor es la situación. Lo ha hecho este año EE UU y también lo hicieron”, indicó, “todos los países de la UE, salvo dos o tres”.
Reforma laboral
La derogación de la reforma laboral de 2012, aprobada por el PP en solitario, fue demandada por los dirigentes de UGT mientras que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), en un tono de llamada al “consenso” y al “entendimiento”, y de “poner énfasis en lo que nos une y no en lo que nos separa”, discrepó de la tesis mayoritaria en este punto y opinó que en las actuales circunstancias , y más con el alza del coste eléctrico, “no es el momento de cambiarla”.
Yolanda Díaz fue muy dura con los efectos de la reforma del PP, que “impuso” y “agravó”, señaló, “la temporalidad, la precariedad y la degradación de la negociación colectiva, y exacerbó los males del sistema español de relaciones laborales”, que se ha ido conformando con “medidas coyunturales, remendado con reformas acumulativas y repetidas sin que haya habido una revisión del Estatuto de los Trabajadores de 1980”. El objetivo, explicó, debe ser que “las empresas sean competitivas con plantillas estables y empleo de calidad. Si otros países lo logran, España también debe conseguirlo”, sentenció.
Pepe Álvarez, secretario general de UGT, elogió al Gobierno asturiano por su gestión de la pandemia (lo que ha permitido que “Asturias estuviese en verano hasta la bandera” porque fue identificada como “un destino seguro”), definió septiembre como un “mes clave” para desatacar la subida del SMI y la reforma laboral, censuró que se hagan en España “miles de contratos para cubrir un solo empleo” y reclamó que los fondos europeos de reconstrucción sirvan para que España “retorne” a Asturias la “contribución histórica de la región con el país” y rechazó la propuesta patronal de un SMI diferente según comunidades autónomas o uno específico para los jóvenes: “Hasta ahí podríamos llegar”, atajó.
Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, se sumó a las demandas sobre el SMI y la reforma laboral, y exhortó a “fortalecer los servicios públicos” para que no se vuelvan a “recortar recursos para sanidad, educación y dependencia”. Llamó a frenar la carestía de la electricidad (cuyos precios tildó de “inasumibles”) y reclamó que los fondos europeos de reconstrucción “repercutan en el empleo y las familias”. “Hay que poner a las personas en el centro de las políticas”, expresó.
El presidente del Principado mantuvo que sus medidas de control de la pandemia han acabado siendo buenas para la economía asturiana pese a las críticas recibidas por su “rigor”, y alegó que un Gobierno de derechas no habría afrontado la crisis de 2020 con los criterios de protección social que desplegó el actual ejecutivo en vez del “austericidio” por el que se optó en la crisis anterior. “Un Estado de Bienestar robusto es la herramienta más útil para superar la pandemia”, argumentó Barbón, quien respaldó el reciente acuerdo para la actualización de las pensiones con la inflación porque va a beneficiar a 270.000 asturianos.
El alcalde ovetense reclamó que los ayuntamientos participen de los fondos de la UE y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, defendió la vuelta a la enseñanza presencial tras el covid (“Aunque estamos preparados para volver atrás si es necesario”) y defendió una organización “más flexible” que coloque a la Universidad como “gran factor de transformación y cabeza tractora”.
Barbón llama al acuerdo presupuestario y social, y prevé inversiones de decenas de empresas
El presidente asturiano, Emilio Barbón, convocó al resto de las fuerzas políticas para hacer posible “un nuevo acuerdo presupuestario” para 2022 tras haberlo logrado un año antes con “la mayor cifra de la historia “y el mayor respaldo político alcanzado nunca”. Para Barbón “sería imperdonable” no lograrlo esta vez y llamó a los partidos a que “piensen en Asturias y no en sus supuestos intereses electorales”, A su vez, el ejecutivo regional “va a echar el resto”, apuntó, para llegar a un entendimiento” en el “diálogo social” con UGT, CC OO y FADE. Barbón reiteró que “el ambicioso plan presentado por ArcelorMittal no es una excepción” y que “hay decenas de empresas que están planeando inversiones para modernizarse tecnológicamente”. “La transición ecológica y digital está abriendo las puertas a una nueva etapa en el desarrollo de Asturias. Por primera vez en mucho tiempo, nuestra región puede estar a la vanguardia de una auténtica revolución industrial”, aunque reiteró que el “avance” en el trato energético a las empresas electrointensivas “es insuficiente”. La ministra de Trabajo se reunió por la mañana con el presidente de Asturias y tuvo también otro encuentro con la dirección regional de CC OO.
