La exdirectora y exempleada de la Fundación IFES en Asturias que denunció el supuesto desvío por UGT Asturias de dinero de las subvenciones para los cursos de formación entre 2010 y 2012 para financiar otras actividades sindicales se ratificó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en su relato de los hechos y en sus acusaciones. También hicieron los mismo dos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron los hechos.
Las defensas cuestionaron los testimonios de dos testigos (entre ellos, la denunciante), sostuvieron la existencia de posibles errores materiales en los atestados policiales y contradijeron algunas de sus apreciaciones para refutar su fiabilidad.
La denunciante, Ana Gomis, que fue hasta 1999 directora territorial de IFES (entidad de la UGT Confederal que realizaba cursos de formación para UGT Asturias) y que continuó en la entidad como técnico de la misma hasta su despido en 2013, afirmó que había “prácticas encaminadas a generar sobrecostes” y que “se obligaba a contratar con empresas vinculadas con UGT Asturias”, negó que asalariados del sindicato hubiesen realizado tareas de apoyo en la formación (el sindicato imputaba parte de sus salarios como gastos de los cursos), sostuvo que desde que comenzó la contratación con la sociedad Localmur (dominada directa e indirectamente por IFES) se elevó el importe de los alquileres de locales para impartir los cursos “por encima del precio del mercado”, que la sociedad Formación 2020 (propiedad en el 95% de IFES y en el 5% de UGT Confederal) se quedaba con los descuentos de las editoriales por el material docente adquirido (por lo que no repercutía en abaratar costes), que IFES Asturias tuvo que asumir el personal de Infastur (sociedad creada por UGT Asturias para impartir cursos), que IFES “no tenía opción de contratar con otros proveedores” y que había “subordinación absoluta de IFES Asturias a UGT Asturias”.
Francisco Alonso, abogado de UGT y de su ex secretario general Justo Rodríguez Braga, cuestionó su testimonio por haber admitido que no tuvo participación en las subvenciones de los años 2020-2012, que son los hechos que están siendo juzgados en la causa, y varias defensas sugirieron que su denuncia se produjo como reacción tras su despido laboral (“No lo denuncié primero por miedo a ser despedida. Me pesa no haberlo hecho antes”, replicó) y que los datos en los que se basa para decir que los precios de Infastur por hora impartida eran superiores a las vigentes en el mercado no se corresponden con la realidad porque las tarifas de Infastur eran menores –dijeron– a las que le atribuye la testigo.
La ex abogada de UGT Asturias Olga Teresa Blanco Rozada, también despedida del sindicato en 2012, coincidió con la denunciante en algunas de sus acusaciones y su testimonio también fue cuestionado por las defensas dado que admitió no haber tenido relación con las subvenciones y la tramitación de los cursos de formación en el periodo 2010-2012, que son las cuestiones objeto del proceso.
Dos agentes de la UCO mantuvieron que vieron “irregularidades en alquileres y equipamientos”, que Localmur elevó las rentas de los locales cuando se hizo cargo de ellos, que los trabajadores de UGT cuyos salarios eran imputados como gastos de los cursos carecían de relación con la formación, que los pagos de UGT Asturias a Infastur regresaban a UGT Asturias y que UGT hizo un ERE en cuanto se restringieron en 2012 las subvenciones de la formación, lo que da a entender –dijo uno de ellos– “que ya no podía mantener su estructura”, sugiriendo así que el sindicato se pudo haber financiado parcialmente hasta entonces con recursos públicos desviados de los cursos de formación. A requerimiento probatorio de ello por una de las defensas, el testigo matizó que la última de sus afirmaciones no era una constatación sino “una sospecha que se une al resto de indicios”.
La defensa de UGT y de Braga impugnó los tres atestados policiales, cuestionó que la UCO hubiese hecho interrogatorios sin judicializarlos y sin presencia de los letrados, y dudó de uno de los informes por haber sido entregado sólo un mes después de que la UCO hubiese pedido permiso al fiscal para continuar investigando cuando, según el testimonio policial, “se tardan varios meses” en hacer un atestado. Este interrogatorio creó una tensión en la vista entre la defensa y la magistrada, que apercibió al letrado de posible sanción una vez que algunas de estas cuestiones ya habían sido rechazadas el martes en las cuestiones previas. Otros letrados también señalaron supuestos errores en los atestados, que no acreditaran cuál era el precio del mercado con el que comparaban los alquileres, que se hablase de una empresa subcontratada por UGT cuando eran 26 y otras consideraciones sin base a juicio de varias defensas.
