El juicio sobre el presunto fraude en los cursos de formación organizados por UGT-Asturias quedará hoy visto para sentencia, tras una última sesión en la que las defensas completarán sus conclusiones. Ayer expusieron las suyas las tres acusaciones (Fiscalía, Principado y colectivo OCAN), que coincidieron en ratificar sus relatos sobre la existencia de un “entramado” que, entre 2010 y 2014, desvió de manera fraudulenta dinero público destinado a la formación de desempleados y trabajadores ocupados a financiar gastos de estructura del sindicato y a “capitalizar” las sociedades instrumentales que formaban parte de la supuesta maquinación (Infastur, Localmur y Formación 2020). El fiscal, Gabriel Bernal, –y a renglón seguido los demás acusadores– sí revisó su versión inicial para considerar prescrito uno de los tres delitos de fraude de subvenciones que atribuye, en grado de coautoría, a antiguos miembros de la cúpula regional de UGT.

Ese giro en las conclusiones del ministerio público supone rebajar de diez a ocho años de prisión la solicitud de penas al menos para Justo Rodríguez Braga, exsecretario general de UGT-Asturias, y Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación. Los demás acusados son Mónica Menéndez, exsecretaria del formación del sindicato; María Jesús Ocaña, administradora de la sociedad Localmur, y los empleados de UGT Silvia Sariego y Alberto González. Menéndez está procesada como coautora y cooperadora necesaria –al igual que Braga y Díaz Cancio–, y los tres últimos en calidad de cómplices.

El fiscal Bernal dio por acreditado, tras los testimonios y pruebas periciales examinadas en el juicio desde el pasado 5 de octubre, que UGT, con el concurso de su fundación IFES y de tres sociedades mercantiles, se financió ilegalmente con fondos de formación por dos vías principales: maniobrando con sus mercantiles para elevar artificialmente precios de arrendamientos de locales y de suministros de materiales formativos, y cargando como costes subvencionables gastos del personal del sindicato sin con las actividades formativas. En este punto, Bernal cuestionó la consistencia de los testimonios de varios trabajadores de UGT que en el juicio afirmaron que sí realizaban ciertas tareas vinculadas a los cursos, algo que habrían negado en declaraciones precedentes durante la investigación iniciada en 2014 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El fiscal sitúa en la primera línea de la responsabilidad del presunto fraude –por un valor acumulado de 1,4 millones de euros– a Justo Rodríguez Braga, Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio. Sobre Rodríguez Braga, que dejó el liderazgo de UGT-Asturias en 2016, Bernal calificó como “inexcusable” que durante la vista “se declarase ajeno a los hechos”.

Francisco Alonso, abogado defensor del exsindicalista y también de UGT –organización penalmente acusada como persona jurídica–, replicó en su alegato argumentando que la legislación que regulaba las subvenciones de formación amparaba los gastos de estructura repercutidos por el sindicato y por IFES como “costes indirectos”. Alonso esgrimió también que “no existió alteración sustancial de los fines” del dinero público, de forma que, a su juicio, las conductas atribuidas por los acusadores no encajarían en el tipo penal de fraude de subvenciones (penado a partir de 120.000 euros) según estaba regulado en el momento de los hechos. El defensor sostuvo también que varios de los delitos atribuidos a Rodríguez Braga estarían prescritos.

Antes, la letrada de la acusación particular, ejercida por el Principado como administración perjudicada, había secundado por entero el relato del fiscal y esgrimido, además, que el presunto fraude era “imprevisible” por parte del Servicio Público de Empleo, debido a que sus controles sobre los gastos y facturas cargadas a las subvenciones eran sólo “formales”. Esta última circunstancia, argumentó por su parte la acusación popular, ejercida por el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN), “impide” a los dirigentes ugetistas negar la existencia del fraude amparándose en el hecho de que el Principado no hallara irregularidades durante su labor inspectora.