El juicio sobre el presunto fraude en los cursos de formación de UGT-Asturias quedó ayer visto para sentencia tras una larga sesión en la que las defensas completaron sus alegatos finales, pidiendo en todos los casos la absolución de los procesados: tres exdirigentes regionales de UGT (Justo Rodríguez Braga, Mónica Menéndez y Manuel Díaz Cancio), dos trabajadores del sindicato ( Silvia Sariego y Alberto González) y la antigua administradora de una sociedad mercantil (María Jesús Ocaña). La línea argumental de sus abogados confluyó en la idea de que, durante la vista que comenzó el pasado 5 octubre, no quedó acreditada la existencia de los delitos de fraude de subvenciones que, en sentido contrario, consideran probados las tres acusaciones: la Fiscalía, el Principado (administración perjudicada) y el Observatoriu Ciudadanu contra la Corrupción (OCAN).
La presunta trama investigada desde 2014 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y luego por la Fiscalía y por la instrucción judicial es, según expresó uno de los abogados defensores, una mera “construcción teórica”. Los letrados trataron de persuadir a la magistrada María Paz González-Tascón de que ni las pruebas documentales de la acusación (en particular, el informe de la Intervención General del Estado, que estimó el supuesto fraude en 1,4 millones entre 2010 y 2014) ni los testimonios recabados permiten concluir que existió responsabilidad penal.
Los defensores incidieron en que “no hubo ánimo falsario” ni desvío de dinero público a fines distintos a los cursos de formación, a pesar de que para las acusaciones está fuera de duda que existió una maquinación para financiar la estructura de UGT generando sobrecostes, mediante el uso de sociedades instrumentales, y repercutiendo en las subvenciones nóminas de trabajadores ajenos a la formación.
Frente al criterio de las acusaciones, que el día anterior habían cuestionado la congruencia de tales testimonios, las defensas destacaron que casi todos los trabajadores citados como testigos declararon en el juicio que sí hacían tareas relacionadas con la formación.
Los letrados sostuvieron también que la existencia o no de sobrecostes debería ser cuestión del ámbito administrativo, no penal. “Los controles (del Principado) no eran sólo formales”, esgrimieron, enfatizando que, en esa labor “inspectora”, no se detectaron los presuntos desvíos de dinero que han llevado al banquillo a quien fue secretario general de UGT hasta 2016, Justo Rodríguez Braga, y a otras cinco personas. En total, la Fiscalía pide para ellos penas que suman 30 años por fraude de subvenciones, las mayores para Mónica Menéndez (8 años), Rodríguez Braga y Díaz Cancio (6 en ambos casos).
