El peso relativo de la industria manufacturera por su contribución al producto interior bruto (PIB) de Asturias sigue siendo superior al promedio español pero el Principado ya no figura entre las regiones de mayor perfil fabril. Asturias y Galicia son las únicas comunidades autónomas de la mitad norte del país que se han descolgado del elenco de los territorios más nítidamente industriosos de España.
La última edición del informe anual sobre el sector fabril español elaborado por el Consejo General de Economistas de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI) y la Universidad Católica de Murcia (UCAM), difundido ayer, sitúa en cabeza del país por la elevada ponderación del sector secundario en la generación de riqueza de sus territorios a seis regiones norteñas: Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Cantabria, Cataluña y Castilla y León.
Asturias lidera el siguiente segmento: el de las comunidades que, superando la media española por el peso específico de la industria manufacturera en su tejido productivo, se sitúan en un rango similar al promedio nacional. Además de Asturias, integran este grupo Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia y Comunidad Valenciana.
De las 17 autonomías, sólo cinco se sitúan por debajo de la media por su perfil fabril: Extremadura, Madrid, Andalucía y Canarias.
La Unión Europea estableció en su día el objetivo de que todos los países alcanzaran en 2020 un peso industrial total equivalente al 20% del PIB. Con los últimos datos disponibles, el subsector de la industria manufacturera asturiana equivale al 13,8% del PIB regional frente al 11,16% en el caso de España. Sumando energía, el sector secundario asturiano aporta el 17,9% de la riqueza generada anualmente en el Principado. En 2000 era el 22,9% y en 1986, el 36,48%.
Puestos de trabajo
En el caso de la contribución al empleo, la industria asturiana da ocupación al 13,9% de los empleados de la región, según la encuesta de población activa (EPA) que dio a conocer anteayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Supone apenas 0,21 puntos porcentuales superior al promedio nacional, situado en el 13,69%. En 1997 representaba el 20,5%.
Que la ventaja asturiana sobre la media española sea superior por la contribución del sector industrial al PIB que al empleo implica un dato favorable: ese diferencial supone que la industria asturiana es más productiva.
Navarra, La Rioja y País Vasco superan o casi alcanzan el 20% del PIB y son las únicas regiones que logran situarse en ese umbral.
La pérdida de peso relativo del sector secundario en el PIB y el empleo no necesariamente implica desindustrialización o retroceso de la implantación fabril en términos absolutos porque la posición de un sector en el conjunto de la economía también está condicionada por el avance o regresión de los demás. Así, la creciente terciarización de las economías avanzadas, con el gran desarrollo de los servicios, es un fenómeno generalizado y propio del estadio evolutivo en las sociedades con mayores niveles de renta y de riqueza “per cápita”, y este fenómeno implica necesariamente una merma de la ponderación industrial en la medida en que la economía fabril no crezca con la misma intensidad con que lo haga el sector terciario.
Aun así, y sin perjuicio de lo que hagan el resto de las áreas productivas, reconquistar la tasa del 20% de contribución industrial sigue siendo un objetivo loable. La industria (y los servicios dirigidos a las empresas y no al consumo) aportan un gran valor añadido, un diferencial de productividad y la generación de empleo de calidad, y constituyen resortes más sólidos de resistencia frente a las crisis y recesiones periódicas que sufren las economías.
El informe divulgado ayer señala que “es aún insuficiente el peso y la importancia de la industria española”. Para “la nueva recuperación” de este sector, el informe aboga por aplicar políticas activas que se focalicen en la actividad industrial, priorizar la investigación, desarrollo e innovación, favorecer la ganancia de tamaño de las empresas (el 99,47% de las compañías españolas son pymes y, de ellas, el 84,84% son microempresas), fomentar la cooperación público-privada e incentivar la FP.
