Tras otra semana de negociaciones en Etxebarri, la dirección de ArcelorMittal y los sindicatos registran los primeros avances en las conversaciones por el acuerdo marco. La empresa continúa rechazando las propuestas de los representantes sindicales de vincular los salarios al IPC, pero ya ha planteado su contraoferta: una subida del 10% a repartir durante los próximos cinco años. El reparto de los porcentajes a lo largo de los siguientes ejercicios se deberá pactar con los sindicatos en la mesa de negociación.
ArcelorMittal ha transmitido a los representantes de los trabajadores que está notando una caída de los precios por la entrada de "importaciones de países extracomunitarios", por lo que prevé "una bajada importante" de precios durante los próximos meses y, por consiguiente, una pérdida de competitividad de las plantas españolas. Según la dirección, apuntan los sindicatos, la volatilidad del mercado es la que aleja la posibilidad de vincular los salarios a la inflación. Desde UGT y CC OO insisten en que esta es una pretensión irrenunciable para alcanzar acuerdos en el marco de las negociaciones.
Tampoco hay acuerdo sobre el contrato relevo. Los sindicatos quieren extender su aplicación a los trabajadores nacidos en 1962 y 1963, como piden los sindicatos. La empresa quiere buscar salida a estos trabajadores dentro del plan de descabornización, un proyecto de inversión de mil millones de euros que reconvertirá hacia el acero verde las instalaciones de Gijón y Sestao. Este plan conllevará un ajuste de plantilla de 990 empleados de Arcelor en España. Hasta 960 de estos trabajadores se amortizarían en Asturias, donde la multinacional sostiene cerca de 5.000 empleos.
Las negociaciones sobre el plan de descarbonización, en principio, se llevarán a una mesa de trabajo específica. La dificultad para alcanzar acuerdos entre la dirección y los trabajadores ha obligado a retrasar la aprobación de la inversión en la nueva acería verde de Gijón, primera piedra del plan. Contra la voluntad de la dirección española, el desembolso que debe realizar la multinacional (500 millones de euros, porque el resto los aportaría el Estado con cargo a los fondos Next Generation) no se autorizará este mes en Luxemburgo. La voluntad ahora es alcanzar un acuerdo con la plantilla para organizar los mecanismos de flexibilidad laboral exigidos por el plan de descarbonización en las próximas semanas. Con las salidas pactadas, la dirección española de la siderúrgica ya tendría vía libre para recibir el visto bueno de Luxemburgo y empezar a dar los primeros pasos de la reconversión industrial de la factoría gijonesa.
