Tres cambios de leyes al día durante 2023: los supermercados denuncian también su carga normativa

Es una de las cuestiones que han puesto en el centro de sus reivindicaciones los trabajadores del campo estos días. Y, ahora, el último eslabón de la cadena agroalimentaria les da la razón: también los supermercados lidian con una carga administrativa que, en algunos casos, llega a "poner en riesgo el modelo de negocio" del comercio español. Según los datos que publica este miércoles Asedas –Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados–, voz de enseñas como Aldi, Condis, Consum, Dia, Lidl o Mercadona, en 2023 se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectan al comercio, lo que equivale a algo más de 3 al día.

Este volumen queda lejísimos de los picos alcanzados en 2020 y 2021 (más de 3.000 y 2.500 respectivamente), aunque, en ambos casos, las cifras están muy dopadas por las regulaciones vinculadas a la pandemia de covid. En cambio, sin contar con estos dos ejercicios, la curva del número de leyes que se han ido modificando o aprobando desde 2019 es ascendente: menos de 500 aquel año, en torno a 1.000 en 2022 y más de 1.100 el año pasado, un 14% más.

De acuerdo con el análisis que lleva a cabo esta patronal de los supermercados, casi la mitad son textos legales relacionados con el medioambiente (486). El resto, se dividen, esencialmente, entre cuestiones administrativas vinculadas a la seguridad alimentaria (254) y con la empresa como tal (221).

"El comercio –y la distribución alimentaria en concreto– está comprometido con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena", manifiesta la directora de Sostenibilidad de Asedas, María Martínez-Herrera, en un comunicado. "Sin embargo, la legislación que nos llega desde todas las administraciones –y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y distribución–, supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia que, en algunos casos, ponen en riesgo el modelo de negocio del 'retail' español", agrega Martínez-Herrera, que pone como ejemplo el caso de los "criterios dispares" en función de la comunidad a la hora de vender productos ecológicos.

También denuncia, la misma entidad, el Reglamento de Envases y Residuos de Envases que se negocia actualmente en el ámbito de la Unión Europea y que, según subraya Asedas, tendrá un impacto económico aproximado de 150.000 euros por tienda solo por la instalación de los equipos. Aquí habría que sumar gatos de personal y logísticos, advierten.

De todos modos, la radiografía concluye que la administración que más intensa es en términos regulatorios es la Comunidad Autónoma. A continuación viene la carga administrativa procedente de las instituciones europeas y, luego, la del Estado.