Ribera allana los ‘megaproyectos’ verdes que sustituirán a las centrales de carbón

El Gobierno ha aprobado una ampliación urgente de las redes eléctricas del país para evitar la saturación en zonas en que se van a instalar grandes proyectos industriales, especialmente las gigafactorías de baterías de coches eléctricos, centros de datos digitales o megaproyectos renovables y de hidrógeno verde. La revisión del plan de redes eléctricas activada por el Consejo de Ministros contempla 73 nuevas actuaciones por toda España que ejecutará Red Eléctrica (REE) y que elevarán el coste total de la planificación hasta los 7.453 millones de euros hasta 2026.

Las nuevas obras implican inversiones millonarias y otras modificaciones del plan suponen abaratar algunos costes hasta ahora contemplados, pero al final el sobrecoste neto de la actualización propuesta es de 489 millones euros (168 millones más que en el primer borrador que manejaba el Gobierno). Entre las ampliaciones de redes incluidas a última hora y que no estaban en las primeras versiones de la propuesta gubernamental figuran refuerzos en las conexiones para allanar la puesta en marcha de grandes plantas de energías renovables que sustituirán a varias de las centrales de carbón cerradas en España.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado de momento por la vicepresidenta Teresa Ribera antes de su salida para encabezar la lista del PSOE en las elecciones europeas de junio y previsiblemente para después ser comisaria comunitaria, ha incluido en la versión final refuerzos en los nudos de la red de alta tensión hasta hace poco vinculados a las centrales de carbón de Andorra (Teruel), Compostilla (León) y La Robla (León), para hacer viable la conexión de los grandes proyectos renovables que se van a instalar allí como parte de la estrategia de transición justa en las localizaciones en que se pierden centrales térmicas.

Los planes de transición justa ligados a la sustitución de las centrales de Andorra, Compostilla (ambas propiedad de Endesa) y La Robla (de Naturgy) incluyen la puesta en marcha nuevas plantas de renovables y las modificaciones de última hora en la planificación de la red están ligada en los tres casos a estas nuevas instalaciones verdes.

Las eléctricas alertan de cientos de proyectos industriales perdidos por no poder enchufarlos a sus redes

La revisión del plan de redes recoge otras actuaciones vinculadas a antiguas centrales de carbón, pero en este caso no para atender nuevas plantas de producción eléctrica sino proyectos industriales sustitutivos que consumirán electricidad y que obligan a ampliaciones de red para atender la nueva demanda, como sucede en los entornos de las antiguas centrales de carbón coruñesas de As Pontes (Endesa) o Meirama (Naturgy).

Fondos europeos para no subir la factura

El Gobierno no quiere cargar en el recibo eléctrico los nuevos costes que generarán los cambios urgentes del plan de redes. Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica pasan por pagar al menos parte de esas nuevas redes eléctricas con fondos europeos para no financiarlo enteramente con los peajes incluidos en el recibo y evitar subir la luz a todos los consumidores.

La adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobada por la Comisión Europea en octubre, contempla una partida de 931 millones para la ejecución de la ampliación de las redes eléctricas y que se inyectará a través de financiación directa a Red Eléctrica de España (REE). Con esos 931 millones de fondos europeos se podrán financiar actuaciones por más de 1.800 millones, ya que se contempla que cubran la mitad de la inversión de cada actuación.

Parte de esos fondos se utilizarán en esta ampliación urgente de las redes y el resto a las obras que se incluirán en la nueva Planificación Eléctrica 2025-2030, un plan enteramente renovado que sustituirá de manera anticipada el actual que se extendía hasta 2026 y cuya tramitación el Ejecutivo activará próximamente.

Nudos de transición justa

Los puntos de acceso a la red eléctrica se han convertido en un tesoro codiciado por las compañías energéticas. La saturación de la red en algunas zonas y el boom de nuevas plantas renovables ha convertido estos puntos de conexión en un bien escaso y muy disputado, generando incluso movimientos especulativos de reventa de proyectos sólo por contar con el permiso para enchufarse a la red. La liberación de capacidad de acceso a la red eléctrica por el cierre de viejas plantas de generación térmica genera expectación en el sector y las compañías toman posiciones para hacerse con esas conexiones que quedan vacantes. El Gobierno, en el marco de su estrategia de transición justa, está diseñando concursos abiertos para adjudicar los accesos a nuevos proyectos renovables.

El año pasado se cerró la adjudicación del primero de estos concursos, el de la capacidad que dejaba la central de carbón de Andorra (Teruel), que contemplaba el traspaso de 1.200 megavatios (MW) y que se adjudicó Endesa con su ‘macroproyecto’ verde para la zona (Endesa también era la propietaria de la central térmica que allí había). Ahora el Gobierno activa el proceso para lanzar nuevos concursos de transición justa para ceder los codiciados accesos a la red de alta tensión de varias centrales de carbón clausuradas y también, por primera vez, de una central nuclear desenchufada.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado la regulación de los requisitos para adjudicar a nuevas instalaciones de energías renovables la capacidad de acceso a la red que tenía la central nuclear de Garoña, en Burgos y que era propiedad de Endesa e Iberdrola; y también de las centrales de carbón de Velilla (Palencia), de Iberdrola; de Lada (Asturias), también de Iberdrola; de La Robla (León), de Naturgy; y también la capacidad aún no adjudicada de la central de Andorra (Teruel), de Endesa. El Gobierno también tiene aún en fases de tramitación más tempranas los proceso para los concursos de los nudos de red antiguamente ligados a las centrales de Meirama (A Coruña), Puente Nuevo (Córdoba) y las de Narcea y La Pereda (Asturias).

La solicitud de los permisos de conexión estará condicionada a que sean utilizados por nuevas plantas renovables y, además, exigen que los proyectos vayan acompañados del compromiso obligatorio de la compañía que los solicita de realizar una serie de actuaciones de desarrollo socioeconómico, como el impulso al autoconsumo eléctrico en los pueblos en que se instalen, labores de recualificación profesional de personas desempleadas y a promover labores generadoras de empleo local.