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La propuesta "inconstitucional" de Vox para ayudar a las empresas que solo contraten a españoles

El partido de Abascal propone bonificar el 100 por cien de las cotizaciones que pagan las compañías por un trabajador en su primer año de contrato y un 50% el segundo cuando se trate de un contrato indefinido y un beneficiario "español"

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal.

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal. / EFE

Gabriel Ubieto

"En Vox lo tenemos claro: todos los trabajos son esenciales porque detrás de cada trabajador hay un español con sus alegrías, angustias y preocupaciones”. Esta es la declaración de intenciones que preside el capítulo que la formación de ultraderecha dedica a sus propuestas en pro del empleo. El matiz "español" es clave entre las mismas. Una de sus propuestas es bonificar el 100% de las cotizaciones que paga una empresa mensualmente a la Seguridad Social por emplear a un trabajador durante su primer año de contrato. Y un 50% en el segundo año. Siempre que cumpla dos requisitos: que el contrato sea indefinido y que el trabajador contratado sea "español".

Según los últimos datos del INE, la tasa de paro entre las personas con nacionalidad española es del 12,15%, frente al 19,9% registrada entre los nacidos fuera. Es decir, la medida de Vox pretende una discriminación positiva de cara a un colectivo menos perjudicado por el desempleo. Y lo hace en base a un criterio de origen de nacimiento, algo que, según juristas consultados, tiene claros visos de ilegalidad.

"Una empresa solvente debe tomar sus decisiones en base a un modelo de negocio rentable, no en función de las subvenciones que vaya a recibir, porque a la larga no sería sostenible”, apunta el presidente del Consell Econòmic i Social de Barcelona, Francesc Castellana. Discriminar por el origen de naciomiento solo busca deslegitimar e intoxicar el sistema laboral. Además, económicamente, es un tipo de ayuda que incentivaría a los sectores menos productivos y de menor valor añadido, que pretenden competir en función de los costes laborales", añade.

Más gasto y menos eficiente

Una rebaja generalizada de cotizaciones no tiene ningún sentido”, coincide el investigador de Fedea Florentino Felgueroso. Este economista argumenta que ello supondría un coste elevado para el Estado que redundaría no tanto en generar nuevo empleo como sí en aumentar el margen de beneficio de las compañías.

Además implicaría un elevado coste de oportunidad, es decir, no poder gastar ese dinero en otras medidas más eficientes. Anualmente los incentivos públicos a la contratación absorben unos 2.900 millones de euros, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), y esta nueva medida implicaría un aumento considerable de dicha partida. Dicho proyecto también perjudicaría en mayor medida a los colectivos con más dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, ya que a igual ayuda haría más atractivo para las compañías contratar a aquellos ya con un perfil más atractivo.  

La Airef ha estudiado ampliamente la eficiencia de los programas de rebaja de las cotizaciones implementados hasta la fecha por los diferentes gobiernos. Concluyendo que estos solo funcionan si se acotan y segmentan al máximo para ciertos colectivos. Si no las posibilidades de que el empleo incentivado se pierda una vez se retiran las ayudas son elevadas. "Con los registros que tenemos actualmente y los algoritmos podríamos hasta personalizar, según el nivel de empleabilidad, las bonificaciones", añade Felgueroso.

Medida "inconstitucional"

La discriminación positiva que constituye una ayuda a la contratación se ha legitimado, hasta la fecha, en tanto que positiva. Es decir, buscaba proteger o promocionar a unos colectivos concretos especialmente vulnerables. "Reservar la aplicación de la bonificación solo a los ciudadanos españoles es una medida que claramente quiere desincentivar la contratación de personas extranjeras. No existe ninguna justificación objetiva y razonable para establecer esta distinción basada en la nacionalidad. Es una medida inconstitucional", apunta el profesor de derecho del trabajo y de la Seguridad Social de la UPF Eusebi Colàs.