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La sentencia de la Sala de lo Penal se conoció ayer, martes, coincidiendo con la comparecencia del Bigotes ante el magistrado Antonio Pedreira, instructor del «caso Gürtel» en el Tribunal Superior de Madrid.

El Bigotes se negó a responder y se ratificó en las declaraciones que prestó en la Audiencia Nacional. Pedreira, que lo tiene imputado por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho, no ha impuesto ninguna medida cautelar después de que en abril le fijara una fianza de 650.000 euros

Tras un primer comentario en el que dijo: «Estoy más feliz; esto terminará antes de lo que imaginaba», Francisco Camps reaccionó horas después con dureza a la decisión del Supremo. El presidente valenciano calificó el caso de los trajes de «auténtica mentira» y de «montaje» en el que José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega «tienen mucho que ver». Aseguró que todo es falso y que nadie le regaló nada, y denunció que «hay una doble vara de medir» respecto a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. A ella «sí se le hizo un regalo diez veces superior» y mientras su caso «se archivó de plano, a mí se me reabre», añadió.

La inquietud cundió ayer en el PP, algunos de cuyos dirigentes dijeron que el fallo del Supremo es «francamente malo para Camps», a quien «lo único que le queda es que le condenen». Tras su sorpresa por que el alto tribunal cambiara la doctrina que aplicó en el caso de la presidenta del TC, abogaron por una salida «honrosa» para el político valenciano.

En cuanto al cambio de doctrina sobre el cohecho impropio, Rafael Hernando advirtió al Gobierno de que con esos argumentos los ministros podrían haber cometido delito por regalos recibidos. Mientras, Mariano Rajoy guardaba silencio, Esperanza Aguirre puso la mano en el fuego por Camps, al que calificó de «honradísimo» y añadió que ella ha cometido muchos cohechos impropios porque el frutero le regala cerezas, y las monjas, pastas.

Por otra parte, el Supremo se ha declarado incompetente para instruir la causa contra el ex senador Luis Bárcenas y el ex diputado Jesús Merino, en el marco del «caso Gürtel», dado que los dos antiguos parlamentarios del PP renunciaron a sus cargos y perdieron así su aforamiento. Su caso está ahora en el Tribunal Superior de Madrid.