La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos impuso ayer prisión provisional comunicada y sin fianza para el ex consejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, lo que eleva a tres los encarcelados tras el director general de Empleo, Javier Guerrero, y su chófer. Esa fue la petición de la fiscalía por la gravedad de los delitos, porque existía riesgo de fuga y por la posibilidad de obstrucción de las fuentes de prueba.
El ingreso en la cárcel de Antonio Fernández se produjo tras prestar declaración durante 36 horas ante la instructora Mercedes Alaya, quien le imputa un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, de negociación y actividad prohibida a funcionario público, cohecho, falsedad en documento mercantil y de obtención indebida de ayudas públicas. El ex consejero socialista se enfrenta a peticiones de penas que rondan los 20 años.
La juez le acusa de «dejación absoluta» de sus funciones, generando «enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas» de Andalucía debido al «despilfarro continuado» de los fondos públicos. De la declaración del ex consejero se deduce, según la juez, que las ayudas económicas eran repartidas «indiscriminadamente» y no eran de «público conocimiento» para los ciudadanos.
Según algunos medios, la instructora considera a Antonio Fernández el cerebro de la trama que asignaba ayudas «regaladas» a personas «próximas» a la Junta y al PSOE. Durante su etapa se concedieron 837 ayudas por 395.463.137 euros y 294 a empresas por 82.148.802 euros.
Antonio Fernández atribuyó a su antecesor la «decisión» del convenio investigado y negó cualquier ánimo de favorecer personalmente al hermano del ex presidente José Rodríguez de la Borbolla. El ex consejero fue conducido ayer a la prisión sin esposas en un furgón desde los juzgados. La portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno, expresó la «pesadumbre» de la Junta, que considera innecesario el encarcelamiento.
El líder del PP-A, Javier Arenas, aseguró que esta decisión judicial sitúa el escándalo de los ERE en la antesala de los presidentes de la Junta y exigió la comparecencia urgente del presidente en funciones, José Antonio Griñán. El portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, y el líder regional de UGT, Manuel Pastrana, tacharon de «desproporcionada por innecesaria» la orden de la instructora. El sindicalista llegó a decir que la decisión de la juez estaba previamente definida. Mientras, medio centenar de cargos socialistas dieron su apoyo a Fernández, al que ven como «un represaliado político».
El coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, dijo que «la Justicia sigue su curso "caiga quien caiga"» y aseguró que la Cámara regional pondrá en marcha una comisión de investigación sobre el escándalo. Mientras, unos 6.000 militantes de la coalición se pronunciaban ayer en referéndum vinculante sobre si apoyan o no el acuerdo con el PSOE para formar un gobierno de coalición. Sanchez Gordillo advirtió de que «IU no puede pactar con un gobierno corrupto que tiene un ex consejero en la cárcel».
